lunes, 29 de agosto de 2011

XTF pide al Gobierno que los desahuciados no tengan que pagar la hipoteca

Así lo indicó el portavoz insular de XTF - Por Tenerife, Ramón Trujillo, quien en rueda de prensa denunció que no se cumpla con el derecho constitucional a la vivienda y lamentó que muchas personas pierdan sus casas y, "encima, sigan debiendo dinero al banco".

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste, El Rosario, El Sauzal, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos y Arafo son los municipios donde Por Tenerife presentará esta moción, que también insta al Gobierno a paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia.

A nivel municipal también pretenden paralizar los desahucios, para lo que pretenden crear una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales, dice la moción presentada en Arafo, donde se aprobó por mayoría.

Alertan de que entre 2007 y 2010 se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y las previsiones indican que entre 2011 y 2012 se podría llegar a 500.000.

XTF considera "inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario" y en cambio las entidades financieras no asuman ninguna responsabilidad, agregan en la moción.

sábado, 27 de agosto de 2011

Carta urgente de José Luis Sampedro a Zapatero con respecto a la reforma express de la Constitución


Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha.
Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.

José Luis Sampedro
¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia.
Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido.
Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?
Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla. Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en su artículo primero del título preliminar “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea.
Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición: No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional.
Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución. Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación.
Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo.
De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos. Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.
Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla.
Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres. Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo.
Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución.
Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot.
Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto.
Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia.
Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía.
Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos.
Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.
Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella. Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas.
Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó.
Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo.
Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto.
No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo.
En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.
Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.
Así lo espero.
José Luis Sampedro



viernes, 26 de agosto de 2011

Reforma, involución y precedente

Por Santiago Pérez

El constitucionalismo es fruto de una corriente de pensamiento que pretende el control y la limitación del poder político por medio del derecho. En la cultura occidental tiene hondas raíces. Ni surgió súbitamente, ni es fruto de un descubrimiento genial.

En Europa continental, la aspiración del constitucionalismo durante gran parte del siglo XX ha sido la de consolidar la Constitución como norma jurídica, no como un mero documento político y programático: la Norma Fundamental del ordenamiento jurídico de un país. Ni ha sido tarea fácil, ni está nunca del todo culminada.

El carácter de norma fundamental no es caprichoso. Está basado en que el procedimiento para  aprobar la Constitución y su  contenido realzan que estamos en presencia de un gran acuerdo social y político que funda, o refunda, el modelo de sociedad, el fundamento y el funcionamiento del poder político sobre valores de libertad (aportación del liberalismo político) y de solidaridad (aportación del socialismo y origen del Estado Social).

Su condición de Ley, y de Ley Fundamental, viene garantizada por técnicas y mecanismos jurídicos al servicio de la rigidez de la Constitución y del control de la constitucionalidad de las Leyes, para evitar su modificación por el legislador ordinario.

Pero esos mecanismos y garantías jurídicas no se sustentan solos, ni actúan alimentados por una desconocida fuente de energía. Son imprescindibles, pero no suficientes. Necesitan de una correlación de fuerzas en la sociedad que los respalde. De una ciudadanía convencida de que sobre estos valores y estos conceptos y mecanismos jurídicos se asienta la mejor forma de convivencia, el mejor modelo de sociedad.

La Constitución de 1978 consagró importantes acuerdos para resolver asuntos y tensiones que han desgarrado la sociedad española prácticamente desde siempre. Autoritarismo-libertad (histórica y simbólicamente identificado con la contraposición monarquía-república), centralismo-federalismo (con su trasfondo de unidad y uniformismo frente a diversidad territorial), confesionalidad o laicismo de la sociedad y del Estado y, por fin, esa fórmula de equilibrio entre capital y trabajo que ha pretendido lograr el Estado Social, allí donde por determinados factores ha resultado viable: en realidad muy pocos países, y no durante demasiado tiempo,  a lo largo y ancho del mundo.

Por todo eso es tan importante preservar la auctoritas de la Constitución: esa especie de fuerza moral que apuntala su aplicación efectiva y su capacidad para ordenar el funcionamiento de la sociedad.

La reforma de la Constitución requiere toda una liturgia, un procedimiento diferente al que se utiliza para aprobar y modificar las Leyes que regulan la realidad  económica, social y política de un   Estado en el marco fijado por la Constitución. Esa liturgia no es sólo jurídica, sino política. Es una liturgia de convocatoria y debate entre los ciudadanos, frecuentemente culminada con votación en Referéndum.

Por todo eso, improvisar una Reforma constitucional, en un clima de legislatura agonizante, tratando de quitar trascendencia a su objeto con la finalidad de ahorrar participación ciudadana y referéndum, es darle un golpe bajo a la Constitución y a lo que representa.

Estoy convencido de que la Reforma que proponen Zapatero y Rajoy, bajo la mirada de gran-germana de Merkel,  afecta  la soberanía popular y a la igualdad, principios que inspiran el Estado democrático y social, aspectos fundamentales del modelo de organización del poder, de la sociedad, y de las relaciones entre ambos, que consagra la Constitución Española.

Si estoy en lo cierto, el debate sobre la Reforma constitucional y el procedimiento para tramitarla tiene una trascendencia que no puede ser  ocultada. De ahí la gravedad de lo que intentan sus promotores.

Además, si se reforma en un abrir y cerrar de ojos y sin referéndum, como pretende, se habrá establecido un importante precedente. La limitación y control del poder político  es la finalidad titánica del Constitucionalismo. Es, en realidad, tarea primordial de la  Civilización.  El poder, hasta en sus más toscas manifestaciones, lleva en su ADN la resistencia a todo tipo de control. De ahí la importancia de todo precedente: de los que refuerzan la autoridad de la Constitución y de los que la devalúan. Que es el caso que no ocupa.

Mejor lo explico con un ejemplo. El artículo que se va a modificar, el 135, no forma parte del núcleo duro de la Constitución, que está protegido por el procedimiento agravado de Reforma que requiere aprobación inicial, disolución de las Cortes y elecciones, aprobación por la  nueva legislatura (todo con quórums reforzados) y referéndum. Pero su nuevo contenido si afecta al principio democrático y a la cláusula del Estado social, que sí están superprotegidos como todos los preceptos del Título Preliminar.

Con este precedente, quién podría impedir que se revisara en un futuro, lejano o cercano,  el Título VIII de la Constitución por el mismo procedimiento de Reforma “simplificado” que pretenden utilizar ahora, sin disolución de la legislatura, ni elecciones, ni referéndum, para poner en marcha una orientación neocentralizadora de la organización territorial del Estado, por la que suspiran desde siempre tantos sectores de una envalentonada derecha.

Porque, a fin de cuentas, el Título VIII tampoco está superprotegido. Aunque el Estado de las Autonomías tenga  su regulación constitucional en ese Título, su fundamento está en el  artículo  2, del Título Preliminar, que reconoce el derecho de autonomía a nacionalidades y regiones y el principio de solidaridad entre ellas. Es una posibilidad prácticamente superponible a la Reforma anunciada. ¿O no?

En la política, como en la vida, es peligroso quedarse sin argumentos. Los que proponen esta Reforma y quienes la acepten sin rechistar. ¿Cómo se las arreglarían para explicar que esta Reforma  SÍ, a pesar de su carácter involutivo democrática y socialmente, y en un futuro oponerse a otra del mismo calado,  por el mismo procedimiento y sin referéndum?


XTF apoya la concentración para exigir un referéndum


Por Tenerife (Izquierda Unida, Los Verdes de Canarias-Equo y SxTF) expresa su apoyo a la concentración, convocada por Democracia Real Ya para el próximo domingo día 28, a las 19:00 horas, en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

XTF anima a la ciudadanía a participar en la concentración para evitar una reforma constitucional antidemocrática, que no estaba en el programa electoral de ningún partido, que impedirá el futuro desarrollo del estado del bienestar y degradará las condiciones de vida de millones de personas.

XTF considera un grave ataque a la democracia aprobar una reforma constitucional careciendo de mandato popular para ello. PSOE y PP estarían suplantando la voluntad popular si hicieran una reforma constitucional sin referéndum y utilizarían procedimientos formalmente democráticos para negar la democracia.

XTF afirma que la reforma constitucional pactada por PSOE y PP no tendrá aplicación práctica hasta 2018 y que, por lo tanto, la prisa en aprobarla se explica por la voluntad de hurtarle a la ciudadanía el debate público sobre las consecuencias antisociales de la reforma propuesta. PSOE y PP saben que si hay debate público y referéndum la reforma constitucional no saldrá adelante.

Asimismo, desde la alianza progresista, se plantea que, si hay referéndum sobre la limitación constitucional del déficit público, también debería aprovecharse la ocasión para modificar la Constitución de manera que garantice el igual valor del voto de cada ciudadano y así prohibir las fraudulentas leyes electorales actualmente en vigor. XTF cree que la tentativa de suplantar la voluntad popular de PSOE y PP consolidaría el atraso social de España en relación a la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de estados más ricos, en el que se halla España, y agravaría nuestras graves deficiencias democráticas.

En relación a la voluntad de establecer en la Constitución, o en las leyes, una prohibición al nivel de déficit público, XTF recuerda que los déficit públicos temporales son necesarios para hacer frente a las crisis porque permiten un mayor gasto público que, a su vez, genera más actividad económica, más empleo, más crecimiento, más recaudación fiscal y más capacidad de superar el déficit público existente. El déficit público es una herramienta de política económica que, durante el siglo XX, permitió superar algunas de las peores crisis económicas.

España recauda el equivalente al 34% de su PIB, frente al 44% de media en la UE-15. En España el gasto público social no es excesivo, sino escaso, como lo demuestra el que, mientras tenemos el 94% del PIB por habitante de la UE-15, sólo tenemos el 74% de su gasto público social por habitante. Si gastáramos en protección social el 94% de lo que ellos gastan, para así hacer un esfuerzo equivalente, necesitaríamos 66.000 millones de euros adicionales de gasto público. Ello supondría reducir el fraude fiscal e incrementar la recaudación fiscal proveniente de los sectores más adinerados, reducir la desigualdad, expandir el estado del bienestar, crear una importante cantidad de empleos, estimular desde el Estado la economía y mejorar la calidad de vida.

Sobre la reforma constitucional

"Puestos a copiar artículos de Constitución alemana, a mí me gusta el 20: Alemania es una república federal democrática y social".

Jordi Sevilla
Ex-ministro de Administraciones Públicas


“Si yo fuera diputado, hoy no votaría a favor de esa reforma constitucional ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hace una semana se ridiculizaba a [Mariano] Rajoy con esta medida y ahora se ha convertido en una defensa apresurada de la misma?”.

Borrell
Ex-secretario de Estado de Hacienda


“Suscita perplejidad que en el tramo final de la legislatura cuya fecha de caducidad está ya anunciada se proponga algo de tanto calado como una reforma de la Constitución”.

Juan Fernando López Aguilar
Ex-ministro de Justicia


"Si hay alguna razón para que la reforma constitucional no sea sometida a referendum, hay que explicarla. Si no se hace, nadie lo entenderá".

Guillermo Fernández Vara
Ex-presidente socialista de Extremadura


“No se entiende por qué tanta prisa en acometer la reforma de la Constitución pactada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, si el límite de déficit que pretende fijarse en la Carta Magna no se aplicará en principio hasta 2018.

Alfonso Guerra
Presidente de la Comisión Constitucional del Congreso


“La decisión ha dejado a los socialistas desnudos como náufragos y a su candidato a La Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, aferrado a un madero astillado”.

José Antonio Pérez Tapias
Diputado del PSOE por Granada




Manifestación contra la reforma constitucional

Nota de DEMOCRACIA REAL YA

En Santa Cruz de Tenerife, el domingo 28 de agosto, Plaza 15 M (antes de la Candelaria), a las 19 horas.

Nos quieren cambiar la Constitución, lo que se traduce en una pérdida de la soberanía del pueblo para cedérsela a ciertos mecanismos europeos, que podrán jugar con nuestros derechos arbitrariamente.

Si un 10% de los congresistas/senadores lo solicita se puede convocar referéndum para que el pueblo pueda elegir si desea modificar la Constitución. Por ello, animamos a tod@s l@s ciudadan@s a salir a las calles los próximos días.

En principio este domingo a las 7 de la tarde en la plaza 15M para que sea el pueblo quien vote si quiere reformar o no la Constitución.

jueves, 25 de agosto de 2011

XTF-POR TENERIFE exige que se atiendan las demandas históricas de Tejina, Bajamar y La Punta

 
Candelaria Marrero, concejala de XTF-POR TENERIFE, se congratula del compromiso público adquirido por el Cabildo de Tenerife de realizar tareas de limpieza y mejora en la vía TF-13, así como la esperada repavimentación o asfaltado en el plazo máximo de un año. “Espero, señala la edil lagunera, que se mejore la calidad de los servicios públicos a los que todos los vecinos y vecinas de Tejina, Bajamar y La Punta tienen pleno derecho y cuyo estado hasta el momento ha sido de máximo abandono y olvido”.

De todas formas, apunta la concejala de XTF, que de poco servirá estas actuaciones si antes no se interviene en reforzar el acantilado del Arenal, que se encuentra en una situación penosa y lamentable, además, del enorme peligro que puede ocasionar por su inestabilidad derivada por la continua erosión marina, por los efectos climatológicos y por la masiva circulación de vehículos que diariamente circula por esa vía.
Otras de las quejas de los vecinos, que apunta Candelaria Marrero, es el estado de las luminarias, en zonas conocidas como Urbanización de Porlier, la inexistencias de aceras en la zona y pasos peatones y el hecho de que muchas de las paradas de guaguas no cuentan con marquesina en condiciones óptimas para proteger a los usuarios de las temperaturas o lluvias en esta zona costera.
La concejal de XTF en el Ayuntamiento de La Laguna espera que el equipo de gobierno de La Laguna y del Cabildo cumplan con sus compromisos y materialicen estas importantes actuaciones que son una demanda histórica de los vecinos y residentes en estos núcleos costeros del municipio.

miércoles, 24 de agosto de 2011

Pide un referéndum para ratificar la reforma de la Constitución

Una décima parte de los Diputados o de los Senadores puede solicitar un referéndum vinculante sobre el establecimiento de un límite al déficit público


El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un anuncio inesperado este martes en el pleno extraordinario: reformar la Constitución para introducir un límite al déficit público.

El límite al déficit no es algo abstracto: es lo que va a determinar que tengas o no acceso a la educación o a la sanidad, entre otras muchas cosas. Limitar el déficit es limitar la inversión en la sociedad. Con esto, el Gobierno podrá dejar a personas como tú en la cuneta. Pero podemos detener esta iniciativa.

La Constitución no exige que esta modificación sea aprobada por referéndum vinculante. Para que los ciudadanos seamos consultados sobre esta cuestión fundamental que va a afectar al resto de nuestras vidas es necesario que una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras lo solicite tras su aprobación en el Congreso y el Senado.

Los ciudadanos debemos poder votar en un asunto tan fundamental como este. Pide a los Diputados y Senadores de todos los grupos políticos que se comprometan a solicitar la celebración del referéndum para su ratificación como permite la Constitución en su artículo 167.3.

Es muy importante que se movilice la población para que se exija que una medida de tal envergadura se vote en referéndum por la población española. Esta medida afectaría muy negativamente al Estado del Bienestar español que está hoy financiado predominantemente a nivel de las CCAA. Limitar su gasto implica limitar el poco desarrollado Estado del Bienestar.

Animo a mis amigos del movimiento 15-M, así como a todos los demócratas en España a que se movilicen. La democracia española es de las menos participativas de las existentes en la Unión Europea y es escasamente democrático que una medida de tal envergadura se apruebe por las Cortes Españolas sin haber sido consultado el pueblo español.

Esta medida puede significar un ataque frontal al Estado del Bienestar español que tiene uno de los gastos públicos sociales por habitante más bajos de la Unión Europea. Aunque se habla genéricamente de gasto público, la realidad es que este gasto constituye la mayoría del gasto público y los recortes que se han hecho han sido predominantemente en las pensiones y en el empleo de los servicios del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, servicios sociales, vivienda social, pensiones de vejez y otras, así como otros componentes del Estado del Bienestar.

"Santiago Pérez apunta que la reforma de la Constitución sin un referéndum puede ser inconstitucional"

El concejal de XTF (integrado por IU, Los Verdes de Canarias-Equo y SxTF) en el Ayuntamiento de La Laguna y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna Santiago Pérez advierte que, sin la celebración de un referéndum, la reforma de la Constitución Española, que PSOE y Partido Popular (PP) han acordado para limitar el gasto público, puede ser “inconstitucional”.


Santiago Pérez, que ha mostrado en declaraciones a ACN Press una “preocupación muy grande”, considera que esta reforma afecta a derechos fundamentales. Por tanto, al intentar cambiar la Carta Magna en este sentido, “podríamos estar hablando de una reforma constitucional inconstitucional”.

Aunque no se conoce exactamente el texto de la propuesta, el jurista explica que el sólo planteamiento de la misma “pone en juego, desde el punto de vista político, la autoridad del texto constitucional”. Santiago Pérez critica que la reforma que pretenden establecer “podría significar un límite y una restricción muy grande tanto al principio democrático y de la soberanía popular como al principio del estado social”.

Estos principios son “fundamentales” en el sistema político español; por lo que el cambio “estaría afectando esos principios y a un principio fundamental que se deriva de los mismos, el de participación política”. Pérez explica que el artículo 9 del texto aprobado en 1978 “impone a todos los poderes públicos la obligación de remover todos los obstáculos que dificulta la igualdad de las personas y el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos”. Un límite en el gasto público que, añade, podría ir en contra de este principio.

Según Pérez, “si la envergadura de la reforma es esa, requiere referéndum porque se trataría del procedimiento agravado de reforma de la Constitución que marca el artículo 168”. Este procedimiento supone que, tanto las Cortes que aprobasen esta reforma (que quedarían disueltas automáticamente), como las siguientes deben debatir el texto y éste será aprobado finalmente en referéndum.

Una reforma de esta envergadura “estaría afectando a aspectos fundamentales del Título Preliminar de la Constitución y del Capítulo II, Sección I del Título I, en concreto el artículo 23, que regula el derecho de participación política, requiere referéndum”. “No puede aprobarse sólo por los representantes de la ciudadanía en Cortes Generales”, añade.

Soberanía popular

Santiago Pérez tampoco se muestra conforme con que la reforma de la Carta Magna se inicie a partir de una solicitud de los gobiernos francés y alemán, especialmente de este último. “Ese cuestionamiento de la autoridad de la Constitución es un asunto relevante no sólo desde el punto de vista político, sino también jurídico”, critica.

El profesor universitario cree que, tras más de 30 años de vigencia, “la Constitución contiene otros aspectos que podrían aconsejar una reforma, pero utilizar el mecanismo de reforma sólo para esto por unas Cortes Generales ya amortizadas es un acontecimiento que a todos produce una gran preocupación política y jurídica”

Diputaciones reconvertidas

La supresión de las Diputaciones Provinciales ha centrando una parte del debate político en las últimas semanas, a raíz de una iniciativa probablemente planteada en términos bastantes superficiales por el equipo electoral de Alfredo Pérez Rubalcaba.

El candidato socialista, haciéndose eco de algunas otras voces, dijo que en nuestro país existe una administración excesivamente compleja y costosa. Y que las tijeras había que emplearlas a fondos para reducir ese coste, suprimiendo las Diputaciones Provinciales. A partir de ahí, probablemente habrá reflexionado algo más, ya que en los últimos días no habla de suprimir las Diputaciones sino de reconvertirlas en “consejos de alcaldes” y privarlas prácticamente de sus competencias y de su estructura política y administrativa.

Sin embargo, en Canarias, han empezado a escucharse muchas voces y muchos comentarios para todos los gustos, que en general tienen un común denominador: se emiten olvidando que la Constitución existe. Pues la Constitución no sólo reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones sino que también reconoce y ampara otras realidades territoriales, como las provincias, las islas y los municipios, y les reconoce autonomía, es decir, garantiza su existencia y un espacio competencial, que como dice el Tribunal Constitucional, las haga reconocibles.

Además están olvidando esas voces que tanto las diputaciones, como los cabildos y los ayuntamientos pueden ya directamente dirigirse al Tribunal Constitucional en defensa de su autonomía. Cosa que no ocurría al principio de esta etapa democrática y que es el fruto de una última modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Desconociendo estos elementos fundamentales de nuestro sistema político, no se puede estar hablando de este asunto con superficialidad. De tal forma que:

Primero.- Las provincias, las islas y los municipios tienen una realidad por la, una proyección institucional y un ámbito de autonomía reconocidos y protegidos por la Constitución. Todo esto se conoce jurídicamente como la “garantía institucional” de la autonomía local y se reconoce así en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si eso es así, ni se las puede suprimir, ni se las puede vaciar de competencias, porque esto implicaría una transformación en profundidad de nuestro sistema político, basado en una amplia descentralización del poder, que requiere una reforma constitucional.

Segundo.- Si el recorte de gastos se pretende hacer reduciendo las competencias de las diputaciones (y eventualmente de los cabildos insulares canarios, consejos insulares de Baleares o de los municipios) esto no es algo que pueda decidir por su cuenta el Estado. Ya que la definición de las competencias de las entidades locales son el resultado de la acción de dos poderes legislativos: el del Estado y de las Comunidades Autónomas. Luego no puede el gobierno de España, ni las Cortes Generales, por su sola autoridad recortar el ámbito competencial de las entidades locales.

Tercero.- Si se afrontara esa tarea, sería tan compleja técnicamente que en la Ley de Régimen Local habría que concentrar todo nuestro Derecho Administrativo. Regular en detalle que competencias puede tener una Diputación, un Cabildo, un Ayuntamiento en materia de urbanismo, servicios sociales, cultura, tráfico, seguridad, transporte, recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua agricultura, educación, deporte, etc., requiere trabajar sobre la legislación que regula todas esas materias. Y, por lo tanto, acabaría concentrándose todo o gran parte de nuestro Derecho Administrativo en la Ley de Régimen Local. Y eso técnicamente es imposible.

Soy plenamente consciente, al igual que mis compañeros que integran la coalición POR TENERIFE (I.U., Los Verdes de Canarias/Equo y SocialistasXTF) de que en estos tiempos la defensa del Estado democrático y Social requiere ser muy riguroso con cada euro de gasto público. Y creemos que hay un camino mucho más modesto, más riguroso y más eficaz, que es el siguiente: El Estado dirige la política del país y, en consecuencia, la política económica y presupuestaria. Así lo dispone la Constitución.

Pues bien: ejerciendo estas competencias (arts. 97, 131, 149.1.13 y 14 de la Constitución, y un largo etc..) se puede establecer límites muy precisos al gasto de las entidades territoriales, sobre todo en su aparato político, en el número de personas que cobran por formar parte de los gobiernos municipales, sus asesores, etc. Esto lo puede decidir el Estado ejerciendo sus competencias. Este es un camino mucho más sencillo, mucho más eficaz y constitucionalmente correcto.

Pero el Estado tendría que emplearlo no sólo para recortar el “gasto político” de las entidades locales, sino también su propio gasto político y el de las Comunidades Autónomas. Es decir, habría que actuar equilibradamente sobre los cuatro niveles territoriales en los que se organiza nuestro sistema político: el estatal, autonómico, provincial-insular y municipal. Y en sus respectivas Instituciones y Administraciones Públicas.

Una última cuestión.- Nuestro país -me refiero a España- es muy dado a grandes ideas y propuestas legislativas para resolver los males de la Patria que, cuando se aplican, pueden crear más problemas que los que intentan resolver. A esa tradición se ha llamado históricamente “arbitrismo”.

Lo explico con un ejemplo. Los canarios sabemos que cada isla tiene una personalidad propia, basada en la geografía, en la historia, en sentimientos de pertenencia etc... Las personas que viven en cada isla tienen conciencia de su identidad. El cabildo insular la encarna institucionalmente. Por eso sería muy difícil en Canarias suprimir los cabildos. Nadie lo ha planteado.

Pero ¿Qué ocurre con las Diputaciones Provinciales? ¿Todas las provincias de la península tienen la misma entidad sociológica, histórica, política? ¿Qué podría ocurrir si se suprimieran las diputaciones o se las reconvirtiera en cáscaras vacías de contenido? Brotaría un semillero de problemas de identidad, de dificultades en los servicios de los municipios más pequeños y surgirían reivindicaciones “identitarias” muy difíciles de encauzar . Les pongo un ejemplo: Castilla y León. Todo el mundo recuerda que cuando se constituyeron las Comunidades Autónomas hubo problemas con provincias como León con notable entidad histórica. ¿Qué ocurriría en Andalucía, por ejemplo con Granada o con Córdoba, si vieran que se suprimen su diputaciones provinciales?

Hay muchas provincias con entidad histórica que hoy son comunidades autónomas uniprovinciales (Asturias, Cantabria, Navarra…). Podemos imaginarnos qué ocurriría con aquellas provincias que teniendo entidad histórica propia se vieron incorporadas a una Comunidad Autónoma en la que no ostentan la capitalidad, si se vieran de repente despojadas de su representación única institucional: la Diputación Provincial.

Por lo tanto, sobre este tipo de asuntos, aconsejo al candidato del Partido Socialista y a los que están opinando que lo hagan con un poco más de prudencia y de rigor. Que no olviden que la Constitución española y, por lo tanto, nuestro sistema político es el que es; que para establecer determinados cambios en la organización territorial del poder hay que reformar la Constitución; que las diputaciones, cabildos y consejos insulares y los ayuntamientos no sólo son administraciones públicas sino también representan identidades, son Instituciones representativas. Y no se olviden que tienen acceso directo al Tribunal Constitucional en defensa de su existencia, autonomía y competencias.

Y que no olviden que las competencias de las Entidades Locales son el fruto de un poder legislativo muy complejo, tan complejo como la distribución de competencias legislativas entre las Cortes Generales y los Parlamentos Autonómicos. Intentar volver a definir todas las competencias (de Diputaciones, Cabildos o Ayuntamientos) en un solo código es una tarea constitucionalmente delicada, legislativamente compleja y técnicamente inabarcable.

Por lo tanto, recorte de gasto sí. Recorte del gasto del aparato político desde luego. Pero hay que hacerlo en todos los niveles de la organización estatal y para hacerlo no hace falta ni suprimir diputaciones, ni cabildos. Sólo hace falta que el Estado ejerza sus competencias de dirección política del país, en el ámbito económico y presupuestario. Igual que lo hace habitualmente en tantos aspectos macroéconomicos.

Termino, con otro ejemplo. Supóngase que hay una norma estatal que dice que los políticos que pueden estar cobrando del presupuesto municipal, asesores y personal de confianza incluidos, solo pueden ser una fracción de los que componen el Pleno de un ayuntamiento o de un Cabildo. De la misma forma, que la legislación estatal sobre Régimen Local establece que la Junta de Gobierno sólo puede estar formada por la tercera parte de los miembros de la Corporación Local.

Pero ese mismo criterio restrictivo habrá que adoptarlo con respecto a los cargos políticos de las Comunidades Autónomas y del Gobierno y la Administración del Estado.

No se olvide, por último, que en la estructura del poder político real de España, y en la estructura de los Partidos (muy en especial, en el PP) el escalón provincial es muy importante en muchas regiones. Y se expresa a través de las diputaciones. Desmontarlo “por Decreto” desencadenaría respuestas fulminantes enmascaradas en todo tipo de agravios y relatos de mitología provincial, literatura en la que los barones territoriales de todo pelaje llevan el grado de excelencia en el ADN.

Cuando se hacen propuestas sin tener en cuenta, primero, como es nuestro ordenamiento jurídico y, segundo, cuando se toman decisiones sin tomar en cuenta nuestra realidad política, mal asunto.

martes, 23 de agosto de 2011

Santiago Pérez le pone las banderillas a Alfredo Rubalcaba


Pérez (XTf) tilda de "superficial" la propuesta de Rubalcaba de ...

Europa Press - ‎hace 3 horas‎
El concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha considerado que la iniciativa planteada por Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la supresión de las diputaciones provinciales está centrada en "términos superficiales". ...

 

Suprimir las diputaciones ''va contra la Constitución''

CanariasAhora - ‎hace 56 minutos‎
El portavoz de Por Tenerife se posiciona en contra de la propuesta de Rubalcaba de eliminar las administraciones provinciales. El portavoz de la coalición Por Tenerife (XTF) -formada por Izquierda Unida, Los Verdes y Socialistas por Tenerife- en el ...

 

XTF se opone a la eliminación de cabildos y pide al Estado que ...

ABC.es - ‎hace 2 horas‎
"Ni se les puede suprimir ni vaciar de competencias", afirmó Pérez en rueda de prensa, en la que criticó que el candidato socialista al Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, proponga suprimir las diputaciones provinciales y las intente convertir en ...

 

XTF se opone a la eliminación de cabildos

La Opinión de Tenerife - ‎hace 2 horas‎
SANTA CRUZ DE TENERIFE El concejal de Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna y ponga límites precisos en el gasto de estas corporaciones locales. "Ni se les puede suprimir ni vaciar de competencias", afirmó Pérez en rueda de prensa, ...

 

XTF se opone a la eliminación de cabildos y pide al Estado que ...

eldia.es - ‎hace 25 minutos‎
Santa Cruz de Tenerife, EFE El concejal de Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez ha mostrado hoy su oposición a que se eliminen cabildos y municipios de las islas al tiempo que ha pedido al Estado que ejerza sus competencias ...

Las declaraciones de Abreu y Matos retratan su hipocresía y falta de talante democrático

El concejal del Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Nacho Viciana, considera que sus últimas declaraciones retrata a los verdaderos Javier Abreu y Gustavo Matos, su hipocresía y la falta de talante democrático de la que han hecho gala en el seno interno del PSOE en los últimos años y que ahora quieren trasladar al gobierno lagunero.

Viciana lamenta que Abreu no haya entendido aún que deber gobernar para todos y no sólo para quienes les votaron, que su compromiso es su programa electoral, que esté obsesionado con imitar a la derecha en el modelo de usar fondos públicos para hacer clientes, y que le pueda su condición y se pase la vida haciendo trampas.

Primero se escondió durante la campaña electoral para despistar a los votantes, luego trató de arrebatarnos 28 votos para adulterar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, más tarde se inventó un recurso ante el Tribunal Constitucional del que todavía no tenemos noticia, y ahora tiene paralizada en su mesa la petición de una información que nos hace falta para demostrar que han vuelto a hacer trampas con los sueldos en el Ayuntamiento de La Laguna.

El concejal de XTF considera patético que Abreu se permita decir que quiere “cambiar el concepto que tiene la ciudadanía del funcionamiento de las administraciones públicas” al mismo tiempo que nos niega una información a la que tenemos derecho.

En realidad, Abreu comete un error esencial, y es que a él no le votó nadie en las últimas elecciones municipales porque como no aparecía en las fotos la ciudadanía ni siquiera sabía que se presentaba. Tanto es así que, si Gustavo Matos no hubiera salido corriendo, a día de hoy Abreu no sería concejal.

Y es que al parecer el compromiso de Matos con aquellos a los que pidió el voto sólo tenía valor en caso de ser alcalde, o que su promesa de no gobernar con ATI sólo afectaba al municipio y sin embargo le permite estar en el Gobierno de Canarias.

Matos, que de tanto aspirar a gobernar con ATI ha llegado a creer como ellos que el resto del mundo es tonto, saca pecho diciendo que cuando él se fue aún tenían 5 concejales; obviando que su resultado electoral ha sido el peor de la historia del PSC en La Laguna, y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) los puso en su sitio después de que con el voto decisivo de un vocal del PSOE en la Junta Electoral consiguieran imponer su criterio frente al del mismísimo presidente de la Junta, que al final fue el que prevaleció en los tribunales.

lunes, 22 de agosto de 2011

MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH-una asociación apartidista, asindicalista, gratuita y sin bandera) junto a la sociedad indignada por falta de soluciones, convoca a la ciudadanía a una manifestación de ámbito estatal el próximo 25 de septiembre de 2011, a las 18h de la tarde, POR EL DERECHO A LA VIVIENDA, DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA, STOP DESAHUCIOS Y ALQUILER SOCIAL.
Una de las consecuencias más dramáticas del estallido de la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha sido la pérdida de la vivienda de millones de personas en nuestro país que no han podido hacer frente a la cuota hipotecaria por dificultades económicas.

La respuesta jurídica e institucional ante esta situación de emergencia habitacional ha sido la aplicación de una ley hipotecaria injusta que sobreprotege a las entidades bancarias y que está dejando a las familias en la calle con una deuda de por vida y sin ninguna alternativa habitacional.

Según cifras del CGPJ, desde 2007 hasta el primer trimestre de 2011 los desahucios se cuentan por más de 200 diarios en todo el país. Sólo en los primeros 3 meses del año se han desahuciado a 15.491 familias de sus casas.

Esta sangría contrasta con la inyección de dinero público que han recibido estas mismas entidades bancarias, que no han asumido su parte de responsabilidad en la crisis actual y que se están lucrando con la ejecución de estas viviendas.

En los últimos meses y gracias a la movilización de las personas afectadas y solidarias, esta situación ha dejado de ser invisibilizada y ha ocupado el foco de atención de los principales medios de comunicación. Son docenas las PAH que se han constituido en todo el país que junto al apoyo de otras asociaciones y personas solidarias han detenido un sinfín de desahucios en los últimos meses.


El principal objetivo de este movimiento ha sido que se regule la dación en pago de forma retroactiva, para que en caso de residencia habitual y deudores de buena fe, se salde la deuda hipotecaria con la entrega del piso.

Esta medida ha contado con un amplio respaldo ciudadano y ha sido asumido por una multitud de agentes sociales, entre ellos el movimiento del 15M, Democracia Real Ya y más de 100 ayuntamientos que han aprobado en sus plenos la moción presentada por la PAH.
Sin embargo, nunca antes se había hecho tan evidente la distancia que separa a representantes y representados.

El Congreso de los Diputados no sólo ha rechazado hasta en cuatro ocasiones la dación en pago sino que ha bloqueado y dilatado la aceptación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre dación en pago, moratoria de desahucios y alquiler social.

Es alarmante que ante el clamor popular por la dación en pago, PSOE, PP y CiU respondan obstaculizando uno de los escasos mecanismos de participación democrática que tiene la sociedad civil, amparándose en falsos pretextos para dilatar su decisión.

Por otro lado, los jueces están poniendo en práctica nuevas estrategias para hacer efectivas las ejecuciones para impedir las concentraciones un día y una hora concreta fijando fechas abiertas para el desahucio, dejando a las familias en situación de indefensión jurídica.

En las últimas semanas, además, hemos sido testigos de una violencia policial desmesurada para desahuciar a las familias de sus casas.

Ante esta situación de radicalización por parte de los poderes públicos, en los que se bloquean procesos democráticos de recogida de firmas en la mesa del Congreso, se extiende el uso de la fuerza policial ante concentraciones ciudadanas pacíficas que pretenden defender el derecho a la vivienda de las familias y a la aplicación sistemática de una ley hipotecaria que es a todas luces injusta, la PAH considera necesaria una respuesta firme y multitudinaria de la ciudadanía. Es por eso que convocamos a una manifestación el próximo 25 de septiembre en diferentes ciudades del país para EXIGIR

- La regulación de la dación en pago (al entregar el piso se cancela la deuda hipotecaria) y el desbloqueo de la ILP presentada por la PAH y otros agentes sociales.

- Una moratoria de los desahucios por motivos económicos mientras las entidades financieras continúen acumulando miles de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social.

- La reconversión del parque de viviendas vacías y ejecutadas en un parque de alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda.

El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que nos afecta a todos/as. Es hora de que la clase política decida a qué intereses responde, si a los de la ciudadanía o a los del poder económico. El 25S tendrán que escucharnos.

Animamos a todos los pueblos y ciudades a unirse a esta convocatoria en defensa de nuestros derechos.

El presente es para l@s indignad@s. El futuro para l@s valientes. Nos vemos el 25S en las calles!
Listado de ciudades confirmadas: (vamos a ir añadiendo próximas ciudades, para confirmar evento en vuestra ciudad enviar un mail a: afectadosporlahipoteca@gmail.com)

BARCELONA: 18H, sitio a concretar.

GRAN CANARIA: 18h hora local, en Parque Santelmo

MADRID: 18H, en Plaza de Cibeles

MURCIA: 19h, en Plaza Santo Domingo

VALENCIA: 18h, en Plaça Sant Agustí

LOGROÑO: 18h, en la Plaza del Mercado

TOLEDO: en breve

GRANADA: en breve

SANTA CRUZ DE TENERIFE: 18:00 hora local Plaza Weyler

UNID@S...PODEMOS

    sábado, 20 de agosto de 2011

    El posible cierre de cuatro ludotecas inquieta a los padres de La Laguna

    El posible cierre de las ludotecas de Los Baldíos, Los Andenes, Finca España y El Rocío en el próximo mes de septiembre mantiene en vilo a los vecinos que pueden resultar afectados. En este sentido, el grupo municipal de XTF - Por Tenerife pide al grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna que aclare públicamente si tiene la intención de cerrar.

    Ignacio Viciana
    El concejal de XTF en La Laguna, Nacho Viciana, señaló que numerosos padres "se han dirigido a nosotros trasladándonos su preocupación ante la noticia del cierre inminente de estas ludotecas que dan servicio a más de 200 familias en todo el municipio y en las que trabajan ocho personas".

    "Algunas llevan nueve años funcionando, tanto en horario de mañana como de tarde, adaptándose en cada época del año a las vacaciones de los niños (de entre 4 y 14 años), y ofrecen un servicio esencial para muchas familias, sobre todo para las que menos recursos económicos tienen", explicó Viciana.

    Hay muchos padres a quienes las ludotecas, que son gratuitas, les permiten compatibilizar la vida familiar y laboral con la tranquilidad de que tienen a sus hijos bien atendidos, aprendiendo a través del juego y en un espacio seguro y adecuado.

    Viciana apuntó que otra de las posibilidades que manejan los usuarios, a los que hasta la fecha nadie les ha aclarado realmente qué es lo que va a pasar, es que el servicio que prestan las ludotecas se derive a los centros ciudadanos.

    "En el caso de que la corporación local se decantara por esta opción estaría cometiendo un grave error puesto que no reúnen las condiciones adecuadas por la mezcla de niños y adultos en un mismo espacio, y sobre todo porque se perdería la estupenda labor que realizan las ludotecarias, que tienen la formación precisa y han realizado cursos específicos que les permiten educar a los pequeños en valores al mismo tiempo que se divierten", apuntó el edil lagunero.

    Además, Nacho Viciana indicó que "en la actualidad las ludotecas están estratégicamente situadas, facilitando el acceso de los escolares desde sus centros, y tienen tanta demanda que en lugar de cerrarlas lo que habría que hacer es dotarlas de más y mejores recursos tanto humanos como materiales porque de esa manera podrían ampliar las actividades que realizan y dar una mayor calidad en el servicio".

    El concejal de XTF entiende que las administraciones públicas están viviendo un momento económico muy complicado por la crisis, pero "lo que no se puede hacer es tratar de afrontarlo recortando servicios sociales que son fundamentales para quienes cuentan con menos posibilidades".

    En los últimos años se han ido limitando los recursos económicos que se destinaban al funcionamiento de estas ludotecas, y el convenio entre el Ayuntamiento de La Laguna y la empresa Plis Plas, encargada de gestionarlas, ha sido prorrogado, de hecho estuvieron a punto de cerrar en junio, pero el perjuicio para las familias durante el verano hubiera sido muy grande y al parecer decidieron mantenerlas abiertas hasta septiembre.

    "En el caso de que finalmente cerraran, estaríamos ante la paradoja de que una iniciativa que se ha revelado muy positiva y que fue puesta en marcha a petición del Grupo Socialista a principio de la década de los 2000 sería eliminada ahora por un concejal del PSOE, Yeray Rodríguez, que está al frente de Participación Ciudadana, el departamento del que dependen formalmente las ludotecas", señaló Viciana.

    viernes, 19 de agosto de 2011

    El ayuntamiento de La Laguna, si quiere, puede evitar la ampliación de Los Rodeos

    El grupo municipal de XTF (Por Tenerife)  afirma que el Ayuntamiento de La Laguna cuenta con argumentos suficientes para frenar los planes de ampliación del aeropuerto de Los Rodeos.

    El ayuntamiento puede jugar e hilar muy fino con sus asesores legales para recurrir al juzgado de lo contencioso-administrativo. Y el Gobierno central tendrá que procurar que el Plan Director se ciña a la legislación estatal y autonómica, ya que Canarias tiene autonomía en materia de ordenación.



    Santiago Pérez ha señalado que el proyecto de Los Rodeos es solo una pieza dentro de un puzle, en el que también se encuentra la construcción de la Vía Exterior y la ampliación de la Vía de Ronda.

    En Por Tenerife somos los del sí. Sí, a un modelo de ordenación y desarrollo que compatibilice prosperidad y el respeto por la naturaleza y el suelo agrícola.

    Y son otros, los del "no" por sistema, que se oponen a cualquier replanteamiento e innovación y que sólo piensan en los beneficios a corto plazo y que la hipoteca la paguen los que vengan detrás.

    martes, 16 de agosto de 2011

    Viciana considera lamentable que le nieguen 7 fotocopias de actas de Plenos del Ayuntamiento

    Parece que todo está pendiente de la autorización del alcalde accidental, Javier Abreu, que ha olvidado muy pronto sus demandas de cuando estaba en la oposición


    Nacho Viciana, concejal de Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, considera lamentable que el Grupo de Gobierno de ATI-CC-PSOE le esté negando fotocopias de 7 páginas de sendas actas del Pleno de la Corporación de los años 2007 y 2010.

    Se trata de acuerdos adoptados por la Corporación relativos a las retribuciones de los concejales y el personal de confianza que el concejal de XTF solicitó por escrito desde el pasado 10 de agosto, es decir, desde hace más de los 5 días naturales fijados por el Reglamento Orgánico del propio Ayuntamiento.

    Este Reglamento establece que en el caso de que no se dictase resolución expresa denegatoria de la información que se solicita, se entenderá concedida o estimada por silencio. Y hasta la fecha todo lo que hemos podido averiguar es que está pendiente de que la autorización sea firmada por el alcalde accidental, Javier Abreu, que al parecer no tiene mucho interés en que se nos haga llegar esa documentación.

    Nacho Viciana considera más lamentable aún la actitud del gobierno de ATI-CC-PSOE puesto que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece, en su artículo 15, que cuando se trata de acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal o de documentación de libre acceso para los ciudadanos ni siquiera es precisa la autorización de los gobernantes.

    Resulta paradójico que Javier Abreu haya olvidado tan pronto sus quejas del pasado reciente por este mismo tipo de actitudes de los gobernantes que lejos de facilitar el acceso a la información y la transparencia se dedican a poner trabas burocráticas para obstaculizar el trabajo de la oposición.

    Claro que también ha sido llegar al Gobierno local y olvidar de un plumazo todos sus posicionamientos ideológicos de los últimos años en asuntos de tanta importancia como la ejecución de la Vía Exterior y la colonización de más de 1 millón de metros cuadrados del mejor suelo rústico de la Isla.

    lunes, 15 de agosto de 2011

    Nuestros compañeros de Bajamar,Tejina, Valle de Guerra y La Punta

    
    José Carlos Guerra, Dolores Hernández, Santiago Pérez, María del Carmen González Jorge y Venancio Herrera
    

    XTF alerta sobre el peligro las instalaciones de las antenas y exige la aplicación del principio de precaución

    El Ayuntamiento de La Laguna espera ingresar durante este año un total de 640.583,54 euros procedentes de las empresas de telefonía móvil. El cobro de esta nueva tasa se aplicará a aquellos que utilicen "antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales".

    Candelaria Marrero, que durante muchos años se ha interesado por la problemática de las antenas de telefonía móvil y sus consecuencias para la salud de los ciudadanos, ve con gran preocupación que en Canarias se estén instalando antenas de forma masiva.



     
    La concejala de XTF-POR TENERIFE alerta sobre el peligro que dichas instalaciones conllevan, especialmente en lo que respecta a su indiscriminada ubicación, en muchas ocasiones de forma ilegal y sin la correspondiente licencia. Los efectos de la contaminación electromagnética sobre los seres humanos exige, en opinión de la concejala, la aplicación del “principio de precaución”, ya que sus consecuencias aún imprevisibles constituyen una enorme inquietud en las altas instancias de la Unión Europea y especialmente en el Parlamento Europeo. Precisamente la protección de los niños, que son más vulnerables, es un deber ineludible de las instituciones públicas, que deben velar especialmente por la salud de los ciudadanos.

    El problema se agrava, según Candelaria Marrero, cuando al parecer la propia policía local se inhibe de sus obligaciones y no acude, por ejemplo, a San Miguel de Geneto ante las insistentes llamadas vecinales al percatarse de que varios operarios estaban manipulando dicha instalación cuando todos los indicios apuntaban a que podrían carecer de los permisos para ese trabajo.

    La enorme contestación social que se está produciendo en todo el mundo, y en concreto en el municipio de La Laguna, hacia esas instalaciones, está generando una alarma social que requiere una respuesta clara y decidida por parte del equipo de gobierno municipal. Prueba de ello, es lo sucedido con una antena instalada en la azotea del edificio Virmar, en el número 13 de la Avenida Trinidad. Después de tres años y medio de litigio, la antena de ese inmueble ha sido desmantelada por orden del Tribunal Supremo. Sin embargo algunas compañías de telefonía móvil se saltan la norma ofreciendo jugosas compensaciones a las comunidades de vecinos para operar desde sus azoteas y cuando son denunciadas recurren a sus potentes servicios jurídicos para dilatar los juicios.

    Candelaria Marrero recuerda la normativa sobre Telecomunicaciones que se aplica en nuestra Comunidad Autónoma, ya en su Avance, generó dudas sobre si se centraría, como no debe ser de otra manera, en la salvaguarda de la salud de los ciudadanos, o si por el contrario, intentará proteger los intereses de las multinacionales del sector en perjuicio de los intereses generales.

    La concejala de XTF recuerda a la ciudadanía, la importancia de una adecuada reglamentación al respecto, en una problemática que Los Verdes han abanderado desde el principio y que en Canarias ha conllevado la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular, que ha sido admitida a trámite por unanimidad por el Parlamento de Canarias.