El concejal del Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, advierte de que el plan de ajuste salvaje que el Gobierno del PP ha impuesto a los ayuntamientos de España significará que en los próximos años el pago a proveedores, incluso a aquellos de servicios superfluos, será la principal prioridad de la actividad municipal. Y esto implica que el dinero que el dinero que se dedique a pagarles habrá que restarlo de servicios de especial trascendencia social, que tendrán que financiarse con tasas o mediante el copago.
“Así es que o hay una reducción de los servicios o hay que establecer el copago o cobrarle a los vecinos tasas o precios públicos, o subirlos en los servicios en que ya se pagan (como el abastecimiento o depuración de agua, recogida y tratamiento de basuras o transporte público) lo cual no hace sino agigantar la factura social de la crisis, que impone con gusto y hasta términos de implacabilidad el Gobierno del Partido Popular”, apuntó el concejal de XTF.
Pérez señala que el Ayuntamiento de La Laguna está en una especie de huida hacia adelante que le obligará a establecer sistemas de copago para la prestación de los principales servicios municipales: si en el año 2015 iba a recuperar cierta capacidad financiera porque se terminaba de pagar algunos préstamos importantes, , ahora se embarca en una nueva operación de endeudamiento, prácticamente impuesta por el gobierno del PP, que va a dejar su Hacienda comprometida durante los próximos 10 años.
El concejal de XTF habla de servicios deficitarios como la asistencia domiciliaria (3.177.165 euros), actividades extraescolares (casi 750 mil euros), los servicios que presta el centro de mayores Acaymo (más de 200 mil), el programa de absentismo escolar (con un déficit de 219 mil euros), o los servicios que prestan los organismos autónomos de deportes y actividades musicales ( éste último asume el compromiso de aprobar mediante ordenanza un incremento del importe de las matrículas de la escuela municipal de música). Habrá que reducirlos o cobrar por ellos.
Santiago Pérez tiene claro que el PP ha utilizado una finalidad justificable para someter a todos los ayuntamientos de España a un plan de austeridad que consiste simplemente en trasladar a ras de calle todas sus recetas, que son las que están demostrándose ineficaces para afrontar la crisis y que al mismo tiempo están imponiendo una factura social catastrófica.
Lo que pasa es que el PP estas recetas las aplica con gusto porque son recetas impuestas por los grandes poderes económicos, con los que el PP tiene una relación de representación y de sintonía muy intensa.
El mecanismo obligatorio de pago a los acreedores, que el Gobierno de España dice que tiene que aplicar porque las medidas adoptadas de 2006 a 2009 no han dado resultado, consiste en imponer a los ayuntamientos una obligación de información, comunicando al Ministerio de Hacienda, en una información certificada por el interventor, el volumen real de la deuda con proveedores.
Una vez establecido esto, los ayuntamientos tienen dos opciones que en realidad es solo una en las actuales circunstancias: o pagar a los acreedores o endeudarse. Para poder endeudarse necesitan elaborar y aplicar un plan de ajuste que va a condicionar la actividad del ayuntamiento durante una década. Si deciden no endeudarse, ni pueden pagar con sus propios recursos, los empresarios podrán satisfacer su crédito con este mecanismo que el gobierno habilita a través de los bancos, y el Gobierno va a ir reteniendo de la participación del ayuntamiento en los tributos del Estado las cantidades necesarias para el pago a los acreedores.
Así, el pago a los acreedores, siendo una finalidad perfectamente justificada, se convierte en el tema prioritario por excelencia, lo que implica una consecuencia muy negativa en el sentido de que no se establece ningún tipo de prioridad a la hora de utilizar los fondos públicos. Y van a estar juntos al principio de la cola tanto los compromisos que han adquiridos los ayuntamientos con los proveedores por asuntos verdaderamente importantes como los compromisos que a pesar de la crisis han estado adquiriendo en materia de fiestas, de propaganda, de publicidad, etc.
El Plan de ajuste, para poder ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, tiene que definir como prioridades presupuestarias para los próximos años las estrictamente relacionadas con la austeridad: no volver a situarse en necesidad de nueva financiación, cumplir las normas sobre moratoria en el pago a acreedores, y cumplir la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es decir, pura receta de ortodoxia neoliberal y ultraconservadora.
Además tienen que comprometerse, y así lo ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna, a aplicar en sus relaciones con los trabajadores los criterios indemnizatorios establecidos en la actual normativa laboral. Es decir, los derechos de abaratamiento en el despido que han adquirido los empresarios, a costa de los derechos de los trabajadores, van a tener en los ayuntamientos de España el ariete fundamental, que va a jugar un papel ejemplarizador negativo, dado que se les prohíbe acordar con sus trabajadores, en caso de despido por supresión de servicios, indemnizaciones más favorables.
Así convierten a los ayuntamientos en los arietes que van a consolidar la reforma en algunos de sus aspectos más negativos como el abaratamiento del despido.
