El presupuesto inicial ha pasado de 656.000 euros a casi 2 millones y les obligan a pagar ese mismo incremento del 205%
Se les ha impuesto como carga la construcción de una estación de bombeo que en realidad dará servicios a toda la comarca
Un grupo de vecinos de Tejina, titulares de sendas parcelas incluidas en la Unidad de Actuación Tejina 5 (UATJ5), tramitada por el sistema de cooperación y cuya ejecución encomendó el Ayuntamiento de La Laguna a la empresa pública municipal Muvisa, están en vías de presentar una demanda judicial hartos de la falta de comunicación y transparencia.
Y es que lo que comenzó en el año 2002 con un presupuesto inicial de 656.286 euros se ha situado ya en los 2 millones de euros, un encarecimiento que obliga a los vecinos afectados a pagar mucho más de lo previsto: “El presupuesto ha subido casi un 205%, de manera que como ejemplo a quienes se nos dijo que teníamos que aportar 15.000 euros nos hemos visto obligados a desembolsar más de 45.000 euros. Y encima con mala comunicación, falta de transparencia y malos modos”.
El concejal de Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Nacho Viciana, que preguntó por este asunto en el Pleno, considera que “los vecinos afectados están cargados de razón en su protesta por tres cuestiones fundamentales: la enorme demora sufrida en el expediente, iniciado en el año 2002 y aún pendiente de finalización; la absoluta falta de información; y el injustificado y desproporcionado incremento del presupuesto de ejecución, que ha pasado de 600 mil a casi 2 millones de euros”.
Nacho Viciana señala que el Gobierno municipal justifica el aumento por expropiaciones no previstas y sobre todo por la necesidad de construir una estación de bombeo y aguas residuales, con objeto de dar servicio no sólo a la zona sino a toda la comarca, pero comparte la visión de los afectados sobre la injusticia de que una carga de tanto peso económico y pensada para dar servicio a una comarca entera se acabe repercutiendo únicamente a un pequeño grupo de vecinos.
Los vecinos, que están a punto de presentar una demanda judicial, recuerdan que la inclusión en el proyecto de reparcelación de unos terrenos que se encontraban inicialmente fuera de la Unidad de Actuación obligó a modificar el avance del Plan General y motivó un retraso inicial de 3 años.
Pero se quejan de que a partir de la publicación en el Boletín Oficial no se ha producido ninguna comunicación formal de los trámites sucesivos ni actuaciones acometidas en el desarrollo de la ejecución, salvo requerimientos de pago cada vez con un importe diferente, y en todos los casos muy superiores a las previsiones realizadas por la propia Muvisa y comunicadas en un momento inicial a los afectados.
Reconocen que el Ayuntamiento expone unas supuestas causas de encarecimiento de la ejecución del proyecto, pero no hace referencia alguna a cuándo, cómo y por quién se adoptaron los acuerdos que autorizaban tales modificaciones y desde luego nunca exhibe documento alguno que las justifique.
“Ignoramos cuáles son en realidad las razones del encarecimiento de la ejecución, pero en caso de ser las indicadas (las expropiaciones imprevistas y la estación de bombeo) se han ejecutado obviando por completo el procedimiento legal establecido y en franca conculcación del principio de distribución equitativa de beneficios y cargas”, señalan unos vecinos que tendrán en este argumento su principal baza jurídica.
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