Advierte que el plan es una liberalización absoluta puesto que declara como zonas aptas para la instalación de grandes superficies prácticamente en su totalidad al área metropolitana de Tenerife
Documento de alegaciones
Santiago Pérez dijo en La Trapera de Radio San Borondón que en las últimas semanas ha dedicado mucho tiempo al examen del plan de grandes establecimientos comerciales que aún está en trámite, dicho lo cual explica que ha oído en varias ocasiones a responsables del departamento de Comercio del gobierno regional llamar a los ciudadanos a la participación en esta fase de alegaciones que termina el próximo 30 de septiembre después de que se hayan concedido algunas prórrogas al plazo inicial, pero advierte que en ningún momento les ha visto que hayan explicado nada que tenga que ver con el contenido de ese plan, por lo que les acusa de que realmente no han estimulado a la gente para que participe en el proyecto puesto que el proyecto podría afectar a sus intereses, valores y al futuro desarrollo de la isla.
Insiste en que los responsables de Comercio no han hablado de las consecuencias que podrían conllevar la aprobación del plan, razón por la que él ha tenido que indagar qué hay detrás de la documentación y señala que se está diseñando un plan para cada isla, por lo que se ha centrado en la propuesta de grandes equipamientos comerciales para Tenerife, concretamente a las afecciones que conllevaría para La Laguna y el área metropolitana, puesto que su condición de concejal así lo requiere.
Afirma que ha podido comprobar algunos asuntos que le han dejado verdaderamente asombrado y preocupado, ya que por ejemplo indica que en este plan se parte, como si fuera algo evidente, de que la futura autopista exterior de Los Baldíos, que viene siendo un proyecto vial defendido a ultranza por los dirigentes de ATI-CC en el Cabildo y en el Gobierno canario, pero que por el contrario ha encontrado el rechazo social y de los expertos al considerar la destrucción de zonas de importantísimo valor agrícola, será la herramienta perfecta para que se desarrollen nuevos centros comerciales.
Recuerda además que este mismo plan considera a esa zona agrícola lagunera como la más importante de Canarias, especificando a Los Rodeos, la Vega, Geneto-Los Baldíos y valle de Tegueste, como zonas sensibles y de altísimo valor agrícola, pero a pesar de ello el proyecto considera que la Vía Exterior será el soporte en el que se podrán apoyar esos nuevos grandes equipamientos comerciales, permitiéndose además declarar como suelos aptos para la instalación de esos grandes equipamientos comerciales esa zona en donde quieren a toda costa construir esa autopista no hacia al área metropolitana, sino hacia el exterior.
Tras explicar que la vía exterior ha sido justificada en todos los planes presentados como una especie de dique al crecimiento urbano de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, por fuera del cual no habría más desarrollo urbano, sin embargo esa catalogación de suelo apto para la instalación de centros comerciales estimula según el propio plan la motorización intensiva de la población a través del vehículo privado, así como el estímulo a lo que se considera urbanismo difuso, consecuencias que el propio plan reconoce y que van directamente contra la línea de flotación del modelo de desarrollo sostenible que las autoridades de la isla y de Canarias dicen defender tan hipócritamente.
Pérez afirma que el desarrollo sostenible no es compatible con la proliferación indiscriminada del vehículo privado, ni con ese urbanismo difuso, puesto que unas de las premisas esenciales de la sostenibilidad es la potenciación del transporte público, la detención de la construcción indiscriminada de carreteras, así como un modelo de crecimiento urbanístico compactado, del que hablan no sólo las autoridades, sino las propias leyes canarias que luego no se cumplen, puesto que a través de planes como este se estimula exactamente lo contrario.
El concejal lagunero afirma que el plan de grandes equipamientos comerciales tiene una propuesta altamente desarrollista, ya que advierte que en sí mismo es una liberalización absoluta desde el punto de vista ambiental puesto que declara como zonas aptas para la instalación de nuevas grandes superficies y equipamientos comerciales prácticamente en su totalidad al área metropolitana de Tenerife, tratando de apoyar esta consideración en un sistema viario que está por hacer, del que forma parte la Vía exterior y la prolongación de la Vía de Ronda, que no figura en el Plan Insular de Ordenación, ni es de ejecución obligatoria.
Advierte por tanto que el galimatías competencial absoluto que pone de manifiesto este plan tendría que llevar por lógica a que fuera retirado y llama la atención, tanto de personas como colectivos implicados en la defensa del suelo agrícola, ganaderos y todos aquellos que creen en un modelo de desarrollo sostenible para las islas, puesto que con este proyecto que se pretende aprobar no sólo no se va en dirección a la sostenibilidad que marcan nuestras leyes como objetivo, sino que se promueven desarrollos que van en la dirección contraria.
Recuerda que el plazo de presentación de alegaciones concluye el próximo 30 de septiembre y advierte que la instalación de nuevas grandes infraestructuras comerciales no sólo tiene efectos perversos contra los suelos rústicos, sino que supondría un duro golpe para el tejido comercial de la isla que debemos defender porque sostiene un número importante de empleos de calidad.
Santiago Pérez afirma por último que si queremos establecer restricciones a la instalación de grandes superficies, debemos basarnos en argumentos de defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, dicho lo cual ve ilógico que sea Comercio quien regule una ley de carácter medioambiental puesto que lo normal es que lo hiciera el Cabildo tinerfeño, que es la institución que tiene en sus manos la definición del modelo de la isla y la protección de sus recursos naturales a través del PIOT.
Desde su punto de vista, estamos asistiendo al grotesco espectáculo de que Comercio pretende definir con más autoridad que el Cabildo y frente incluso al PIOT qué recursos naturales deben ser protegidos y cuáles no.
Afirma que ha podido comprobar algunos asuntos que le han dejado verdaderamente asombrado y preocupado, ya que por ejemplo indica que en este plan se parte, como si fuera algo evidente, de que la futura autopista exterior de Los Baldíos, que viene siendo un proyecto vial defendido a ultranza por los dirigentes de ATI-CC en el Cabildo y en el Gobierno canario, pero que por el contrario ha encontrado el rechazo social y de los expertos al considerar la destrucción de zonas de importantísimo valor agrícola, será la herramienta perfecta para que se desarrollen nuevos centros comerciales.
Recuerda además que este mismo plan considera a esa zona agrícola lagunera como la más importante de Canarias, especificando a Los Rodeos, la Vega, Geneto-Los Baldíos y valle de Tegueste, como zonas sensibles y de altísimo valor agrícola, pero a pesar de ello el proyecto considera que la Vía Exterior será el soporte en el que se podrán apoyar esos nuevos grandes equipamientos comerciales, permitiéndose además declarar como suelos aptos para la instalación de esos grandes equipamientos comerciales esa zona en donde quieren a toda costa construir esa autopista no hacia al área metropolitana, sino hacia el exterior.
Tras explicar que la vía exterior ha sido justificada en todos los planes presentados como una especie de dique al crecimiento urbano de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, por fuera del cual no habría más desarrollo urbano, sin embargo esa catalogación de suelo apto para la instalación de centros comerciales estimula según el propio plan la motorización intensiva de la población a través del vehículo privado, así como el estímulo a lo que se considera urbanismo difuso, consecuencias que el propio plan reconoce y que van directamente contra la línea de flotación del modelo de desarrollo sostenible que las autoridades de la isla y de Canarias dicen defender tan hipócritamente.
Pérez afirma que el desarrollo sostenible no es compatible con la proliferación indiscriminada del vehículo privado, ni con ese urbanismo difuso, puesto que unas de las premisas esenciales de la sostenibilidad es la potenciación del transporte público, la detención de la construcción indiscriminada de carreteras, así como un modelo de crecimiento urbanístico compactado, del que hablan no sólo las autoridades, sino las propias leyes canarias que luego no se cumplen, puesto que a través de planes como este se estimula exactamente lo contrario.
El concejal lagunero afirma que el plan de grandes equipamientos comerciales tiene una propuesta altamente desarrollista, ya que advierte que en sí mismo es una liberalización absoluta desde el punto de vista ambiental puesto que declara como zonas aptas para la instalación de nuevas grandes superficies y equipamientos comerciales prácticamente en su totalidad al área metropolitana de Tenerife, tratando de apoyar esta consideración en un sistema viario que está por hacer, del que forma parte la Vía exterior y la prolongación de la Vía de Ronda, que no figura en el Plan Insular de Ordenación, ni es de ejecución obligatoria.
Advierte por tanto que el galimatías competencial absoluto que pone de manifiesto este plan tendría que llevar por lógica a que fuera retirado y llama la atención, tanto de personas como colectivos implicados en la defensa del suelo agrícola, ganaderos y todos aquellos que creen en un modelo de desarrollo sostenible para las islas, puesto que con este proyecto que se pretende aprobar no sólo no se va en dirección a la sostenibilidad que marcan nuestras leyes como objetivo, sino que se promueven desarrollos que van en la dirección contraria.
Recuerda que el plazo de presentación de alegaciones concluye el próximo 30 de septiembre y advierte que la instalación de nuevas grandes infraestructuras comerciales no sólo tiene efectos perversos contra los suelos rústicos, sino que supondría un duro golpe para el tejido comercial de la isla que debemos defender porque sostiene un número importante de empleos de calidad.
Santiago Pérez afirma por último que si queremos establecer restricciones a la instalación de grandes superficies, debemos basarnos en argumentos de defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, dicho lo cual ve ilógico que sea Comercio quien regule una ley de carácter medioambiental puesto que lo normal es que lo hiciera el Cabildo tinerfeño, que es la institución que tiene en sus manos la definición del modelo de la isla y la protección de sus recursos naturales a través del PIOT.
Desde su punto de vista, estamos asistiendo al grotesco espectáculo de que Comercio pretende definir con más autoridad que el Cabildo y frente incluso al PIOT qué recursos naturales deben ser protegidos y cuáles no.
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