XTF y SSP estudiarán personarse en las actuaciones judiciales realizadas en dependencias del Ayuntamiento

Los concejales del Ayuntamiento de La Laguna Ignacio Viciana y Juan Miguel Mena solicitarán, en representación de Por Tenerife (XTF) y Sí Se Puede, respectivamente, la comparecencia del Gobierno local en el próximo Pleno ordinario de la Corporación para que informe sobre el alcance de las investigaciones policiales que, por orden del Juzgado número dos de La Laguna se han realizado el pasado viernes en diversas dependencias municipales.

Una vez conozcan esos datos, decidirán sobre la necesidad de personarse en dichas actuaciones judiciales “en defensa de los intereses públicos en ejercicio de su función de control de la actuación de los gobernantes y de la Administración municipal”, indican.

Según un comunicado, las informaciones que se han hecho públicas en los últimos días sobre las investigaciones efectuadas tienen que ver con diferentes asuntos de la gestión municipal, desde expedientes relacionados con las subvenciones para alquileres por realojamiento en Las Chumberas, a bajas de personal en los meses de abril y mayo de 2011.

Además, también incluyen asuntos relacionados con la concesión de licencias y expedientes sancionadores a locales de ocio nocturno, así como prácticas irregulares en la adjudicación de obras no previstas en los Presupuestos y de contratos públicos al margen del procedimiento legal establecido.

Viciana rechaza la subida de dos euros al mes en el recibo del agua

El concejal de Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna, Ignacio Viciana, anunció este sábado que su grupo exigirá la “máxima transparencia” en la información sobre la estructura de costes del servicio de Teidagua, una vez que se ha sabido que está prevista una subida de casi dos euros mensuales en el recibo que pagarán los laguneros en 2012 sólo en concepto de saneamiento, vertido y depuración.

      

Viciana recuerda en un comunicado que en las últimas semanas se viene informando sobre ahorros en el consumo y diversas mejoras que conllevan recortes de costes en el servicio de Teidagua, lo que “nos hacía pensar que las tarifas de 2012 no iban a sufrir incremento alguno”.

Por ello, no entiende muy bien que hablen de un ahorro de más de 7.000 litros de agua por habitante en el próximo año, lo que conlleva un ahorro de costes para la empresa de 262.000 euros para la empresa, y “al mismo tiempo le suban las tarifas que tendrán que pagar los ciudadanos de La Laguna”.

Por otra parte, recuerda que el mismo concejal que se pasó cuatro años criticando la calidad del agua en La Laguna, Javier Abreu, “llegando a alarmar a la población con una campaña publicitaria en la que se vinculaba beber agua del grifo a una posible muerte, ahora no dice una palabra sobre esto, cuando todo el mundo sabe que la calidad del agua y su precio es determinante a la hora de determinar las tarifas que se cobran por el servicio”, afirma.

Finalmente, Viciana señala que habrá que saber “cuál es el sueldo que está cobrando Javier Abreu en Teidagua, porque con este sistema que se ha diseñado, que le permite cobrar a la vez las dietas por asistencia a las reuniones de los órganos del Ayuntamiento que sus compañeros de Gobierno por Ley no pueden cobrar, se está produciendo un cargo en la estructura de costes del servicio que finalmente hay que repercutir en las tarifas que pagan los vecinos”.

EL GRUPO MUNICIPAL POR TENERIFE INFORMA

En la Auditoría de Gestión sobre el ejercicio económico 2010 del Ayuntamiento de La Laguna, que el Gobierno de Canarias ha remitido recientemente a la corporación municipal lagunera, se concluye que “…la Corporación continua generando deudas de carácter extrapresupuestario (7.128 miles de euros en 2010) y que al carecer de cobertura presupuestaria desequilibra de forma importante la economía municipal desvirtuando además los indicadores de saneamiento.”

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITO?

En efecto: se ha convertido en una práctica habitual en el Ayuntamiento de La Laguna que los miembros del Gobierno municipal adquieran bienes o contraten obras o servicios no previstos en el presupuesto y, por lo tanto, sin que haya dinero para pagarlos. La Ley de Haciendas Locales (artículo 173.5) prohíbe esa práctica y declara “nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones o actos administrativos que infrinjan” dicha prohibición.

Por otro lado, buena parte de esas contrataciones se realizan al margen de los procedimientos regulados en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir “a dedo”. Esta forma de actuar, que también es ilegal, impide a muchos empresarios presentar sus ofertas para contratar con el Ayuntamiento y a éste beneficiarse de la libre competencia y conseguir las mejores ofertas desde el punto de vista de la calidad y el precio.

Es muy fácil comprobar leyendo los expedientes que los nombres de algunas empresas beneficiadas se repiten constantemente.

Como los empresarios agraciados por contrataciones llevan a cabo la entrega de los suministros, la realización de los servicios o la ejecución de las obras, el Ayuntamiento acaba “legalizando” la contratación y pagando. Para ello tiene que tomar previamente dos acuerdos: modificar el presupuesto inyectando dinero en las partidas correspondientes y aprobando un Reconocimiento Extrajudicial de crédito. En el último Pleno fueron aprobados 16 expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito, por valor de 2,4 millones de euros.

Éstos reconocimientos requieren resolver, es decir ignorar, los Informes de Intervención que señalan la ilegalidad de esta forma de actuar. La Intervención vela por la legalidad económica y presupuestaria del Ayuntamiento y cuando informa con “reparos” quiere decir que la decisión que se va a tomar es contraria a la legalidad.

El reconocimiento extrajudicial significa que el Ayuntamiento acuerda pagar al empresario antes de que éste reclame judicialmente el pago, argumentando que él sí cumplió y que el Ayuntamiento puede obtener un “enriquecimiento injusto” beneficiándose de los suministros, obras y servicios a costa del empresario que no sólo sufriría un perjuicio por el dinero que gastó, sino por el beneficio que ha dejado de percibir. En nuestro país el concepto de enriquecimiento injusto no está recogido en la legislación, pero el Tribunal Supremo lo ha establecido en una doctrina muy consolidada.

¿Qué tipo de gastos se “legalizan” de esta forma?

Hay de todo como en botica: desde servicios públicos como el de transporte urbano, el mantenimiento de jardines o la limpieza de colegios, que alcanzan cientos de miles de euros mensualmente, cuyos contratos vencieron --a veces hace ya varios años-- y el Ayuntamiento ha autorizado a la empresa a seguir prestando el servicio sin celebrar inexplicablemente un nuevo concurso, hasta compras en ferreterías, enganches directos a la red eléctrica, traslados de grupos de personas, gastos en publicidad en prensa, radio y televisión, subvenciones a la edición de libros, a programas de dinamización comercial, de fomento del asociacionismo, de promoción de la salud…

Los gastos de fiestas merecen una mención aparte. Por su importancia (467.193,41 euros a propuesta del Área de Fiestas en el último Pleno) y porque casi todas las áreas del Gobierno Municipal han conseguido “legalizar” por la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito más gastos en fiestas. Es como si hubiera una serie de Presupuestos (b, c, d) de fiestas que no figuran en el Presupuesto oficial de Fiestas. Así es prácticamente imposible saber cuánto se gastaron de verdad en festejos, en tiempos de crisis y en año preelectoral. Porque hay que echarle imaginación para pagar, por ejemplo, con cargo al Área de desarrollo rural 1.418.607 pesetas en cuatro chocolatadas entre la Nochebuena de 2009 y Año Nuevo 2010. La Intervención señala infructuosamente que este tipo de gastos “…deberían aplicarse al Programa de Fiestas”.

Cualquier persona de buena fe y sentido común puede entender que la Administración se vea forzada, en casos de urgencia o de grave necesidad, a contratar sin tener presupuesto o sin tramitar el procedimiento legalmente establecido. Pero convertir este modo de actuar en una costumbre favorece la mala gestión de los recursos públicos, crea inseguridad y puede ser el caldo de cultivo de todo tipo de favoritismos y amiguismos.

La fórmula del reconocimiento extrajudicial de créditos debe ser utilizada sólo excepcionalmente, justificando en cada caso las razones de urgencia o necesidad.

En todos los acuerdos de reconocimiento extrajudicial se expresa “sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, como consecuencia de la omisión del procedimiento legalmente establecido”, que se ha ido convirtiendo en una especie de letanía ya que, que yo sepa, nunca se ha instruido expediente alguno para determinar y depurar responsabilidades. Así las cosas, no debe extrañar a nadie que algunos concejales actúen como si administraran su propio dinero y no el de los ciudadanos. Y que se permitan estar de risas y fiestas durante los Plenos, cuando pedimos explicaciones sobre este modo de actuar.

Como dato pintoresco, los gastos correspondientes al ejercicio de 2010, que se han “legalizado” de esta manera en los últimos Plenos, han sido aprobados con el voto favorable del Grupo Socialista que criticó --y con razón-- esta forma de funcionar mientras estaba en la oposición. Ahora no sólo los vota, sino que llega a presentar la propuesta al Pleno para que se aprueben, con afirmaciones como “..en ocasiones y para dar respuesta a los vecinos, la actuación administrativa no se ajusta estrictamente ¡….! al, por otra parte, rígido procedimiento legal”.

Las funciones propias de la oposición, que debemos desempeñar con seriedad porque es nuestro compromiso con La Laguna y con sus vecinos, nos hayan votado o no, nos obligan a informar a la opinión pública y a tomar todas las medidas a nuestro alcance para conseguir que el Gobierno del Ayuntamiento respete la legalidad, que establece garantías para proteger los intereses generales, y gestione los recursos públicos con rigor y eficientemente.

Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, si no se erradican completamente este tipo de prácticas.

La Laguna, catorce de noviembre de 2011

Santiago Pérez

Portavoz del Grupo Municipal XTenerife (IU-SXTF-Los verdes de Canarias)

Santiago Pérez presenta la auditoría sobre el ejercicio económico y presupuestario del 2010 en el ayuntamiento de La Laguna

El concejal de XTF presentó este martes en rueda de prensa la auditoría sobre el ejercicio económico y presupuestario del 2010 en el ayuntamiento de La Laguna remitida al consistorio y que será debatida en el próximo pleno, cuya información ha sido utilizada en el marco de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal para calcular los indicadores de salud financiera, un asunto que fue a la comisión de Hacienda de este lunes sin ser objeto de ningún tipo de explicación por parte del concejal del área.

Audio de la rueda de prensa
http://www.sanborondon.info/content/view/38776/1/

Moción de XTF y Si Se Puede sobre Vía Exterior

Santiago Pérez García, concejal de esta Excma. Corporación en representación del grupo municipal XTF y D. Juan Miguel Mena Torres, concejal de Alternativa Si Se Puede, integrado en el grupo mixto,presentan para su debate y aprobación, en su caso, en el Pleno del Ayuntamiento la siguiente MOCIÓN:

La experiencia acumulada en materia de definición, a través de la legislación de ordenación del territorio, urbanística y de los recursos naturales, así como de la elaboración y ejecución de los instrumentos de planeamiento, de un modelo de desarrollo económico-social sostenible, demuestra que en este terreno ocurre algo similar a lo que se produce en el plano de la política presupuestaria de las Administraciones Públicas, pero a mayor escala: que el Presupuesto real no es el que se aprueba, sino el que se ejecuta. Igual, si cabe con mayor intensidad, ocurre con la legislación territorial y de los recursos naturales: que el modelo de ordenación no es tanto el que se establece por la legislación y el planeamiento sino el que se aplica efectivamente.

Esto es lo que demuestra el balance, en la Isla de Tenerife, del tiempo transcurrido desde la aprobación del Plan Insular de Ordenación en 2002, después de tres lustros de tramitación en los que se estaban produciendo transformaciones vertiginosas del territorio insular, de las que el PIOT simplemente levantó Acta.

En efecto: el Plan Insular previó la necesidad de elaborar dos Planes Territoriales Especiales, el PTE de Ordenación del Transporte Colectivo y el PTE de Ordenación de Carreteras, definiendo los criterios de ordenación y las prioridades que deberían inspirarlos para mantener la coherencia del modelo de ordenación de la Isla definido por el propio Plan Insular de Ordenación: priorizar el uso de los viarios existentes, antes que construir nuevas vías; evitar aumentar la accesibilidad a áreas que deben ser preservadas por sus valores naturales, para no fomentar expectativas urbanizadoras; priorizar el transporte público…

Estos mismos criterios y prioridades fueron recogidos, después de la aprobación del Plan Insular de Ordenación (2002) por la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Turismo (Directriz 84), cuyo rango legal vincula a todos los instrumentos de planeamiento. Antes, en 1999, ya habían sido declarados por el Plan Director de Infraestructuras de Canarias, aprobado por el Parlamento de Canarias (BOP 29/99), que fijó como objetivo general aumentar la competitividad del Archipiélago asegurando la sostenibilidad y, entre los objetivos específicos, atender a la conservación y mejora de los recursos naturales no renovables

Sin embargo, el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana ha sido aprobado definitivamente por el propio Cabildo Insular de Tenerife y publicado el 21/02/2007, sin que aún hayan sido aprobados los Planes Territoriales Especiales de ámbito insular, el de carreteras y el de transporte colectivo, cuyo objeto ha debido ser la definición del marco general en el que integrar la solución de los problemas de movilidad y transporte de la comarca Metropolitana de Tenerife. Tan sólo ha sido aprobado el Avance del Plan Territorial Especial de Transporte de Tenerife en fecha posterior (25/03/2003) a la de la aprobación definitiva de la ordenación viaria metropolitana.

Una de las propuestas fundamentales del Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife (PTESVAM) es la denominada Autopista o Vía Exterior, cuya justificación --como lo fue en su día la de la autopista TF-2, de Las Chumberas a Santa María del Mar, “hoy también absorbida por el desarrollo urbano” (Avance del PTESVAM, Gobierno de Canarias, Situación actual, Zona Oeste)--, consiste en separar los tráficos insulares de los propios del Área Metropolitana, aumentar la accesibilidad desde el exterior a Santa Cruz-Laguna y establecer una discontinuidad entre el tejido urbano de la conurbación y las áreas agrícolas adyacentes.

La ejecución de la Autopista Exterior requerirá la expropiación de 1.649.608 m2, de los que 1.192.639 m2 pertenecen al municipio de La Laguna, teniendo 901.415 m2 carácter de suelo rústico. Tendrá una longitud de 14.5 Kms, con una zona de servidumbre de 17ms a cada lado del borde de la zona expropiada y dos franjas de 5ms a cada lado, como zona de afección, a partir de la zona de servidumbre.

La aprobación de esta nueva vía, cuyo proyecto de ejecución ya ha sido aprobado, significa mantener una política de movilidad y transporte plenamente incompatible con el objetivo de la sostenibilidad del modelo de desarrollo y con los objetivos y prioridades establecidos en la legalidad y en los instrumentos de planeamiento de ámbito superior (Directrices de Ordenación y el propio Plan Insular de Ordenación de Tenerife), ya que persiste en “afrontar el problema desde una perspectiva lineal que dé respuestas en base exclusivamente a la creación de nuevas infraestructuras…” “Se trata en todos los casos de operaciones con un notabilísimo grado de incidencia en el territorio…” y tiene como efectos comprobados un estímulo de los procesos de urbanización y de la puesta en marcha de grandes equipamientos, aprovechando las nuevas accesibilidades que de este tipo de infraestructuras resultan, así como la afección a espacios que deben ser preservados por sus valores agrícolas o paisajísticos como es el caso que nos ocupa: todos los terrenos que van desde Guamasa hasta El Tablero, afectados por el proyecto de Autopista Exterior, están considerados por el P.I.O de Tenerife Áreas de Regulación Económica 2, porque constituyen el soporte de la actividad agropecuaria tradicional, que crea y mantiene algunos de los paisajes más característicos de la Isla, lo que ha fundamentado su protección a pesar de su gran diferencia de rentabilidad a corto plazo respecto a otras actividades económicas (residencial, terciaria, industrial…)

La Vía o Autopista Exterior, según el propio Estudio de Impacto ambiental del Proyecto (pág. 274, Anejo 9), tendrá como efecto principal una vocación urbanizadora, generando grandes bolsas de suelo urbanizable, con una elevación de los precios del suelo a nivel local y un cambio profundo en los usos del territorio.

Además, las propuestas de ordenación del nuevo PGO de Santa Cruz de Tenerife y del Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la Isla de Tenerife ya evidencian el papel articulador de los nuevos desarrollos urbanísticos y de actividades logísticas y terciarias que asignan a la Autopista Exterior, desmintiendo las funciones de separación de tráficos insulares de los de la conurbación y de marcar la frontera entre el tejido urbano metropolitano y las adyacentes zonas agrícolas que han sustentado en apariencias la “necesidad” y “justificación” de la misma.

En virtud de lo Expuesto, SOLICITAMOS AL PLENO la adopción del siguiente ACUERDO:

“Primero.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna insta al Cabildo Insular de Tenerife a adoptar todas las iniciativas necesarias para la reformulación del modelo de movilidad y transporte del Área Metropolitana, lo que implicará: A) la revisión del Plan Insular de Ordenación que ha dado carta de naturaleza a determinadas nuevas infraestructuras viarias en contradicción con el modelo de ordenación de la Isla que define y B) la aprobación del Plan Territorial de Transporte Colectivo y la del Plan Territorial de Ordenación de Carreteras de la Isla de Tenerife, previstos por el Plan Insular de Ordenación, cuyas determinaciones han sido completamente incumplidas hasta la actualidad, que configurarán el marco que deberá presidir la ordenación de las infraestructuras y servicios del transporte del Área Metropolitana bajo los principios de sostenibilidad, aprovechamiento de las infraestructuras ya existentes frente a las de nueva creación y potenciación del transporte público.

Segundo.- A tal efecto, el Cabildo Insular de Tenerife deberá adoptar todas las medidas necesarias para suspender la ejecución de la Autopista Exterior, cuya construcción contradice todos los principios sobre sostenibilidad del modelo de ordenación del territorio y las soluciones a los problemas de movilidad insular definidos por la Ley 19/2003, de Directrices de Ordenación General y del Turismo y en el propio Plan de Ordenación Insular de Tenerife, ya que los efectos irreversibles que produciría sobre el territorio, el suelo agrícola protegido y el paisaje insular son completamente incompatibles con los objetivos que debe perseguir la nueva ordenación de la movilidad y el transporte del Área Metropolitana y con el modelo de desarrollo definido por el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Tenerife.”

En San Cristóbal de La guna a 4 de noviembre

El centenario de Viera y Clavijo

Por Daniel Duque

En el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna celebrado el pasado jueves 13 de octubre, Coalición Canaria y PSOE votaron en contra —y en consecuencia fue rechazada—, una moción presentada por don Santiago Pérez, concejal de esa Excma. Corporación por la coalición Por Tenerife, formada por IU, Socialistas por Tenerife y Los Verdes de Canarias-Equo.

Como explicó con mucha claridad y precisión don Santiago Pérez, su grupo se limitaba a servir de intermediario entre un grupo de personas del mundo de la cultura, de los que actuó como portavoz el que firma este artículo, y el Ayuntamiento. De manera muy sintética la propuesta podría concretarse en tres puntos:

1º) Desde que La Laguna adquirió la condición de Ciudad Patrimonio Mundial de la UNESCO, no ha ofrecido ni a los ciudadanos que viven en ella ni a sus visitantes, cada vez más numerosos, ninguna seña cultural que la identifique con su historia y la proyecte al futuro cargada de pasado.

2º) Parece una ocasión muy propicia aprovechar la próxima celebración en el 2013 del segundo centenario de la muerte de Viera y Clavijo (1731–1813) para unir la historia de la ciudad con la del ilustre polígrafo realejero, ya que éste vivió en La Laguna catorce fecundísimos años, desde 1756 a 1770, fecha en la que marcha Madrid —para no volver nunca más a Tenerife— con el primer tomo de su Noticias de la Historia General de las Islas Canarias ya escrito. En La Laguna no sólo redactará el primer volumen de esta obra fundamental sino que, entre otras muchísimas actividades, escribirá diversas obras, iniciará el periodismo canario, criticará con ilustrada ironía y dureza la estupidez, la reacción y la ignorancia del clero más retrógrado y liderará la Tertulia de Nava.

3º) En consecuencia, se proponía —con suficiente antelación para evitar improvisaciones y apaños de última hora, siempre tan caros y tan inútiles— una serie de actividades en la ciudad tendentes a recuperar el “espíritu de Viera”, a unir el nombre del autor del Diccionario de Historia Natural al de La Laguna, como por ejemplo erigir una escultura a La Ilustración dedicada a Viera y Clavijo en medio de su casco histórico, donde, por cierto, y como hace ya cuatro años denunció María Rosa Alonso, no hay una calle que lleve su nombre.

Pero como digo, la moción fue rechazada. Los concejales de Coalición Canaria dicen sin ningún tapujo que la culpa es del PSOE que “rechazará siempre cualquier propuesta que haga Santiago Pérez”. Sin embargo la concejal de Cultura, socialista, dijo que tenían que votar en contra porque ellos ya están trabajando en el Centenario y esta propuesta llovía sobre mojado. ¡Ojalá! Lo único que tenemos que hacer es sacar la silla a la calle y esperar.

Formulario de alegaciones

Ponemos a su disposición estas alegaciones con el ánimo de que resulten utiles por la importante incidencia territorial que tiene el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de la isla de Tenerife, cuyo plazo finaliza el próximo día 30 de septiembre.

Documento de alegaciones

Santiago Pérez exige la retirada del proyecto de grandes equipamientos comerciales por sus graves repercusiones negativas en el suelo agrícola de las islas

Advierte que el plan es una liberalización absoluta puesto que declara como zonas aptas para la instalación de grandes superficies prácticamente en su totalidad al área metropolitana de Tenerife

Documento de alegaciones

Santiago Pérez dijo en La Trapera de Radio San Borondón que en las últimas semanas ha dedicado mucho tiempo al examen del plan de grandes establecimientos comerciales que aún está en trámite, dicho lo cual explica que ha oído en varias ocasiones a responsables del departamento de Comercio del gobierno regional llamar a los ciudadanos a la participación en esta fase de alegaciones que termina el próximo 30 de septiembre después de que se hayan concedido algunas prórrogas al plazo inicial, pero advierte que en ningún momento les ha visto que hayan explicado nada que tenga que ver con el contenido de ese plan, por lo que les acusa de que realmente no han estimulado a la gente para que participe en el proyecto puesto que el proyecto podría afectar a sus intereses, valores y al futuro desarrollo de la isla.

Insiste en que los responsables de Comercio no han hablado de las consecuencias que podrían conllevar la aprobación del plan, razón por la que él ha tenido que indagar qué hay detrás de la documentación y señala que se está diseñando un plan para cada isla, por lo que se ha centrado en la propuesta de grandes equipamientos comerciales para Tenerife, concretamente a las afecciones que conllevaría para La Laguna y el área metropolitana, puesto que su condición de concejal así lo requiere.

Afirma que ha podido comprobar algunos asuntos que le han dejado verdaderamente asombrado y preocupado, ya que por ejemplo indica que en este plan se parte, como si fuera algo evidente, de que la futura autopista exterior de Los Baldíos, que viene siendo un proyecto vial defendido a ultranza por los dirigentes de ATI-CC en el Cabildo y en el Gobierno canario, pero que por el contrario ha encontrado el rechazo social y de los expertos al considerar la destrucción de zonas de importantísimo valor agrícola, será la herramienta perfecta para que se desarrollen nuevos centros comerciales.

Recuerda además que este mismo plan considera a esa zona agrícola lagunera como la más importante de Canarias, especificando a Los Rodeos, la Vega, Geneto-Los Baldíos y valle de Tegueste, como zonas sensibles y de altísimo valor agrícola, pero a pesar de ello el proyecto considera que la Vía Exterior será el soporte en el que se podrán apoyar esos nuevos grandes equipamientos comerciales, permitiéndose además declarar como suelos aptos para la instalación de esos grandes equipamientos comerciales esa zona en donde quieren a toda costa construir esa autopista no hacia al área metropolitana, sino hacia el exterior.

Tras explicar que la vía exterior ha sido justificada en todos los planes presentados como una especie de dique al crecimiento urbano de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, por fuera del cual no habría más desarrollo urbano, sin embargo esa catalogación de suelo apto para la instalación de centros comerciales estimula según el propio plan la motorización intensiva de la población a través del vehículo privado, así como el estímulo a lo que se considera urbanismo difuso, consecuencias que el propio plan reconoce y que van directamente contra la línea de flotación del modelo de desarrollo sostenible que las autoridades de la isla y de Canarias dicen defender tan hipócritamente.

Pérez afirma que el desarrollo sostenible no es compatible con la proliferación indiscriminada del vehículo privado, ni con ese urbanismo difuso, puesto que unas de las premisas esenciales de la sostenibilidad es la potenciación del transporte público, la detención de la construcción indiscriminada de carreteras, así como un modelo de crecimiento urbanístico compactado, del que hablan no sólo las autoridades, sino las propias leyes canarias que luego no se cumplen, puesto que a través de planes como este se estimula exactamente lo contrario.

El concejal lagunero afirma que el plan de grandes equipamientos comerciales tiene una propuesta altamente desarrollista, ya que advierte que en sí mismo es una liberalización absoluta desde el punto de vista ambiental puesto que declara como zonas aptas para la instalación de nuevas grandes superficies y equipamientos comerciales prácticamente en su totalidad al área metropolitana de Tenerife, tratando de apoyar esta consideración en un sistema viario que está por hacer, del que forma parte la Vía exterior y la prolongación de la Vía de Ronda, que no figura en el Plan Insular de Ordenación, ni es de ejecución obligatoria.

Advierte por tanto que el galimatías competencial absoluto que pone de manifiesto este plan tendría que llevar por lógica a que fuera retirado y llama la atención, tanto de personas como colectivos implicados en la defensa del suelo agrícola, ganaderos y todos aquellos que creen en un modelo de desarrollo sostenible para las islas, puesto que con este proyecto que se pretende aprobar no sólo no se va en dirección a la sostenibilidad que marcan nuestras leyes como objetivo, sino que se promueven desarrollos que van en la dirección contraria.

Recuerda que el plazo de presentación de alegaciones concluye el próximo 30 de septiembre y advierte que la instalación de nuevas grandes infraestructuras comerciales no sólo tiene efectos perversos contra los suelos rústicos, sino que supondría un duro golpe para el tejido comercial de la isla que debemos defender porque sostiene un número importante de empleos de calidad.

Santiago Pérez afirma por último que si queremos establecer restricciones a la instalación de grandes superficies, debemos basarnos en argumentos de defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, dicho lo cual ve ilógico que sea Comercio quien regule una ley de carácter medioambiental puesto que lo normal es que lo hiciera el Cabildo tinerfeño, que es la institución que tiene en sus manos la definición del modelo de la isla y la protección de sus recursos naturales a través del PIOT.

Desde su punto de vista, estamos asistiendo al grotesco espectáculo de que Comercio pretende definir con más autoridad que el Cabildo y frente incluso al PIOT qué recursos naturales deben ser protegidos y cuáles no.

Santiago Pérez cree que el "balance catastrófico" del PSC-PSOE es fruto de una estrategia "premeditada"

El edil afirma que el peso del PSC en el Gobierno canario es "superfluo"

El concejal del grupo municipal de Por Tenerife --Socialistas por Tenerife, IU y Los Verdes-- en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ha afirmado este lunes que el "balance catastrófico" de la gestión de José Miguel Pérez al frente del PSC-PSOE es fruto de una estrategia "premeditada" y llevada a cabo de forma "implacable" por el secretario general del partido.

Santiago Pérez ha afirmado en declaraciones a Europa Press que tanto José Miguel Pérez como su "camarilla" están obsesionados y que han terminado por "aislarse" de la realidad de los militantes de izquierdas y "se creen sus propias cantaletas". Explicó el exsocialista que tanto Pérez como Francisco Hernández Spínola como su "cohorte de milagros" han llevado al PSC al fracaso electoral más importante de toda la democracia en Canarias.

Recordó en este punto, que el PSC cayó a obtener el 20 por ciento de votos en Gran Canaria y "por primera vez tercera fuerza" en Tenerife. Añadió que en Lanzarote se pasó de cuatro a un diputados también se perdió fuerza en Fuerteventura. "El PSC-PSOE está descompuesto", espetó para resumir que éste es el balance de la gestión de José Miguel Pérez y que lo ha obtenido en un "tiempo récord".

Además censuró Santiago Pérez que se presente como un "éxito" la entrada al Gobierno de Canarias, "cuando es fruto de la catástrofe electoral". "Porque son el socio más débil que CC podía desear", aclaró para insistir en que la estrategia de José Miguel Pérez ha consistido en "renunciar" a que el PSC sea un partido líder en la sociedad canaria y en el Gobierno; y en destruir al margen de procesos democráticos todo conato de resistencia. Aquí recordó las expulsiones a los críticos en Tenerife.

"José Miguel Pérez no ha ganado nunca unas elecciones, ni estando en la oposición ni desde el poder", continuó el edil para añadir que la prueba de la "descomposición" del PSC-PSOE está todos los días en los medios de información pública. Aquí lamentó que una decisión tan importante como la elección de candidatos para las generales haya sido votado sólo por una cuarentena de miembros en el comité, máximo órgano entre congresos del partido.

En esta línea, Santiago Pérez ahondó en que tanto Pérez como sus partidarios "aspiraban a perder para tocar gobierno, pero no las ideas socialistas, sino ellos". Asimismo ha criticado que el presidente del Gobierno Paulino Rivero (CC) "cada día más" es consciente de la "extrema debilidad" del PSC y se permite expresar el discurso de CC como el del Gobierno, que está "agotado y lleno de tic, algunos xenófobos y reaccionarios".

Por último, el exsocialista señaló que tanto en el reparto del gobierno, como en su discurso o en la definición de prioridades, el PSC es "superfluo".

Santiago Pérez pide la retirada del Plan de Grandes Establecimientos Comerciales por coherencia

El concejal de la coalición Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna Santiago Pérez ha pedido la retirada del Plan Especial de Grandes Establecimientos Comerciales que el Gobierno de Canarias está realizando y que se encuentra en fase de alegación por incoherencias entre el ejecutivo y el plan.

Según el edil, “para los representantes del comercio, podría ser un guiño de complicidad que en Canarias va a seguir habiendo una cierta intervención, un cierto control frente a la liberalización absoluta”. Sin embargo, con este plan “predican una cosa y realizan exactamente la contraria”. “Lo lógico es que este plan sea desechado”, añade.

Santiago Pérez pide que los requisitos para la instalación en el futuro de grandes superficies sean incorporados al Plan Insular de Ordenación (PIO) mediante una modificación del mismo y “que no traten de descargar en los ayuntamientos de las Islas, a través de los planes generales de ordenación, decisiones sobre asuntos que tienen alcance supramunicipal”.

En esa línea, explica que “la puesta en marcha de un polígono comercial, por su propia naturaleza tiene alcance supramunicipal, eso que llaman incidencia territorial amplia”. No obstante, la planificación del Gobierno, “descarga en los ayuntamientos” algo que “está fuera de su alcance” y que a juicio de Pérez “no es razonable” que lo decida cada municipio.

Frente a la “apariencia” intervencionista del Gobierno, “lo que va a acabar ocurriendo es la instalación de un régimen completamente liberalizado que no va a tener en cuenta las repercusiones medioambientales”, asegura.

Además, otro peligro del modelo que se puede implantar con el Plan Especial de Grandes Establecimientos Comerciales es la incidencia en el suelo agrícola del Archipiélago. Una de las zonas que, según, “dice este plan, tiene el suelo agrícola más importante de Canarias está en los llanos que rodean La Laguna”. No obstante, en Geneto-Los Baldíos, “este plan pretende declarar apta para la instalación de grandes superficies”, advierte.

DISPARATE

El concejal considera “un auténtico disparate” el plan, llegando a producirse una situación “absolutamente cantinflesca”. “Llega en un determinado momento el Cabildo Insular a decir: es que usted quiere declarar áreas aptas para la instalación de grandes superficies a zonas que están clasificadas como de interés ambiental por el PIO; la respuesta es que no importa que pueden ser desclasificadas”, explica.

 

El Plan Especial de Grandes Establecimientos Comerciales

Reflexiones de Santiago Pérez sobre el Plan Territorial de Grandes Superficies del Gobierno de Canarias

Plan Territorial Especial de Equipamientos Comerciales [HQ]

Santiago Pérez explica las contradiccciones y trampas que existe en el documento que está elaborando la Consejería del Gobierno de Canarias, con respecto a los equipamientos comerciales

Duración: ‎5:26

Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos [HQ]

Santiago Pérez reflexiona destaca las contradicciones y trampas de la Consejería de Comercio del Gobierno de Canarias plasmadas en este documento

Duración: ‎14:26

HÁGASE LA LUZ COMPETENCIAL EN CANARIAS, dijo PAULINO

Por Santiago Pérez

La clarificación competencial de las Administraciones Canarias no puede efectuarse técnicamente a través de una Ley, como vienen anunciando insensatamente Spínola y José Miguel Pérez. Y si pudiera llevarse a cabo a través de una Ley, ésta no sería competencia de la Comunidad Autónoma Canaria; ya que regular las bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas es competencia legislativa del Estado (art. 149.1.18 de la Constitución). Y de eso se trataría precisamente.

Paulino Rivero habla de estas cosas por lo que le dicen. Y así va: de ocurrencia en ocurrencia.

Vamos a ver: en Canarias coexisten, frecuentemente sin orden, concierto, ni resultados eficientes varias Administraciones Públicas, que suponen un coste que la economía canaria no puede pagar. Pero esto no es nuevo, ni ese panorama caótico surgió por generación espontánea. En su origen está el deseo de poder de la clase gobernante de cabildos, ayuntamientos y, muy particularmente, de la Comunidad Autónoma. La Administración autonómica es la de creación más reciente y la que ha crecido exponencialmente, porque ha tenido  la ventaja de repartir gran parte de los recursos financieros  de todos. Hasta los del REF. Y ya se sabe que el que parte y reparte…

Además, cualquiera que conozca cómo es nuestro Régimen Local sabrá que los ayuntamientos y cabildos tienen una especie de competencia universal que les permite intervenir en todos los asuntos que sean de interés de los ciudadanos a los que representan. Pueden  realizar actividades complementarias de las de otras Administraciones Públicas en todos los ámbitos. La Ley de Régimen Local lo autoriza (art. 28). Y al amparo de esta autorización y respondiendo a la presión de la sociedad, o al deseo de protagonismo o de poder de alcaldes y presidentes de cabildos, han puesto en marcha en tiempos de bonanza presupuestaria múltiples servicios sin reparar en que duplicaban los ya gestionados por otras Administraciones. Frecuentemente sin justificación objetiva, ni coordinación interadministrativa,  ni eficiencia en los resultados. Ahora, con la crisis, lo que fueron alegrías se han convertido en  apuros y llamadas de socorro.

Pero esas Administraciones Públicas son los brazos ejecutores de los gobiernos de Instituciones  (ayuntamientos, cabildos y Comunidad Autónoma) que personifican y representan a entidades territoriales dotadas de autonomía: municipios, islas y la propia Canarias como comunidad política (un solo pueblo ¿recuerdan?).

Las competencias que desempeñan esos gobiernos y las Administraciones correspondientes llenan de contenido la autonomía a la que tienen derecho las entidades territoriales canarias. Sin competencias, y sin recursos para ejercerlas, la autonomía municipal, insular o la de nacionalidades y regiones  es una cáscara vacía.

Por otro lado, por mucho que se empeñen los de C.i.U, sus imitadores de CC y el coro spinolítico que les hace de eco, de poco para acá, por estas ínsulas asirocadas  (como decía Pepe Alemán), resulta que el régimen jurídico, competencial y financiero de cabildos y ayuntamientos no es algo que puedan definir exclusiva, ni siquiera principalmente, las Comunidades Autónomas. Sino básicamente, el Estado. Porque las entidades locales no son una mera pertenencia, ni un apéndice de las Comunidades Autónomas. Por eso las Comunidades Autónomas no tienen plena disponibilidad sobre la regulación de las entidades locales y de sus competencias. Ni las entidades locales pueden desprenderse, en plan coleguitas, de sus competencias. Porque son de atribución Legal y no renunciables.

Lo que no quieren entender Paulino and company es que los municipios y las islas, los cabildos y ayuntamientos que las representan y gestionan sus intereses y las respectivas administraciones insulares y municipales, forman parte del Estado, del edificio estatal en el más amplio sentido del término. Edificio del que también forman parte las Comunidades Autónomas. Y sobre ese edificio, la dirección política corresponde al Gobierno de España. Y la tarea legislativa principal a las Cortes Generales. Así es el sistema político y jurídico definido por la Constitución de 1978. Ésa que, por lo visto, resulta tan fácil de reformar.

Situémonos ahora en el plano más técnico-legislativo. Las competencias que hoy por hoy corresponden a las diferentes Administraciones Públicas vienen definidas por las leyes sectoriales, no por un Código General de Régimen Local o por cualquier otro. Y técnicamente no puede ser de otra manera. Otra cosa es que la legislación sectorial, es decir las leyes que regulan la sanidad, educación, servicios sociales, turismo, comercio, medio ambiente y ordenación territorial, transportes, infraestructuras etc… vayan cada una por su lado, a golpe de  improvisación y sin una idea de conjunto sobre cómo debería ser la planta, la dimensión, el coste y el reparto de funciones entre ellas. Sólo esa idea de conjunto podría ser definida por una Ley general o una Ley Marco. Pero esa Ley no resolvería por sí misma el caos reinante.

El caos reinante se ha ido guisando a fuego lento y, por la propia naturaleza de nuestro sistema político y legislativo, se necesitará tiempo para desandar lo andado.

Pero este panorama tiene responsables con nombres y apellidos: los de quienes se han perpetuado como sea al frente de la Comunidad Autónoma y de las principales Instituciones del Archipiélago, sin ocuparse de esta cuestión crucial. Aunque ahora se hagan el longui.

Si esa racionalización pudiera llevarse a cabo en el Proyecto de Ley que anuncian Spínola y José Miguel Pérez, esa Ley sería un monumento legislativo tan grande como todas aquéllas leyes sectoriales juntas. Y tardaría un tiempo infinito en elaborarse. Por eso no hay nada parecido ni en los Estados centralistas. Imagínense en los Estados como el nuestro en que el poder legislativo está repartido entre el Estado y las Comunidades Autónomas según las diversas materias y, a veces, hasta sobre una misma materia.

Pero no nos preocupemos. Todo eso lo resuelve la empresa que va a buscar Paulino. Que quede claro que lo que nos cueste no importa. Al fin y al cabo, hacer milagros es caro. Pero bien merece la pena.

Viciana (SXTF) cree que en una semana se firmará un acuerdo de la izquierda que les dejaría “en disposición real” de lograr un diputado

El I Congreso de esta formación propone a Odalys Padrón como candidata a diputada y a Cándido Román a senador.

Audio de la rueda de prensa

El secretario general de Socialistas por Tenerife (SXTF), Ignacio Viciana, considera que, tras los primeros contactos mantenidos con otras formaciones de la izquierda verde para confluir juntos a las elecciones generales del 20 de noviembre, existe un “alto nivel de coincidencia” con Alternativa Sí se puede por Tenerife y el acuerdo entre ambas formaciones podría estar firmado en una semana.

Viciana explica que, en el caso de quienes fueron socios de SXTF en las anteriores elecciones (Izquierda Unida y Los Verdes -integrada actualmente en Equo-), falta que “en sus propias asambleas y discusiones internas les den el visto bueno a esta coalición”.

Viciana, que fue elegido secretario general en el I Congreso de SXTF, celebrado el pasado sábado, explica que la mayor coincidencia está en el programa con el que presentarse. Actualmente intentan cerrar otras cuestiones, como con qué nombre se presenta la coalición y quienes serán los miembros de la candidatura.

SXTF se muestra de acuerdo en el criterio planteado por Sí se puede para que el cabeza de lista sea un independiente. “La posibilidad de que encabece esta candidatura un independiente favorece el entendimiento”, asegura Viciana. No obstante, añaden que han puesto una condición más, “que ese independiente represente bien a todas las formaciones que vamos a concurrir en esta coalición”.

El también concejal en el Ayuntamiento de La Laguna vaticina que la semana que viene, “a más tardar la otra”, se podrá cerrar el acuerdo. Sin embargo, explica que en los casos de IU y Equo, al competir ambas formaciones entre ellas a nivel nacional, se puede convertir en un problema su inclusión en una candidatura conjunta. No obstante, anima a quienes fueron sus compañeros en las últimas elecciones locales, puesto que “estamos en disposición real de conseguir un diputado.

CANDIDATOS

El cónclave de SXTF no sólo fijó a la dirección provisional elegida en la asamblea constituyente, renombrando cargos como el de portavoz que pasa a ser secretario general; sino que eligió a quienes serán sus candidatos al Congreso y al Senado. Así, Odalys Padrón ocupará el puesto que los acuerdos otorguen a SXTF en la lista al Congreso de los Diputados, mientras que el que fuera vicerrector de la Universidad de La Laguna Cándido Román ocupará la plaza para el Senado.

SXTF también decidió en su I Congreso iniciar contactos con otras formaciones para constituir una federación de partidos a nivel regional. Así, Viciana abrió la puerta a toda la izquierda alternativa de las Islas para unirse bajo un programa común.

No me transfugues, Pepe

Por Santiago Pérez

R.A.E. Transfugar (a alguien). Dícese de la acción de expulsar en un del Partido en un santiamén a un cargo público para pretender reconvertirlo en tránsfuga e impedir una Moción de Censura o aplicarle la Ley de Fugas, dándole el tiro de gracia.

Me parece bien que se intente impedir que los tránsfugas amañen cambios en el gobierno de las Instituciones. Pero tránsfuga, lo que se dice tránsfuga, se es por la propia conducta. No por reconversión forzosa, ni por expulsión express, orquestada por el aparatista de turno para coaccionar a un cargo de elección popular.

Los Partidos Políticos son los actores principales de la democracia contemporánea. Elaboran los programas electorales, seleccionan a gran parte de los candidatos y deben orientar su actuación en las Instituciones. Cosa distinta es que tengan mecanismos legales para imponer a los cargos de elección popular instrucciones de obligado cumplimiento. Querrían tener esos mecanismos. Sería el sueño de cualquier aparatista que se precie. Pero no los tienen. Porque, legalmente, los parlamentarios, consejeros insulares o concejales representan a los ciudadanos. No sólo a los que les han votado, sino a todos. A la Nación, como quien dice.

Y el mandato de que les une a los ciudadanos es representativo y no imperativo. ¿O es que vamos a volver a las Cortes Medievales, en las que los diputados llevaban un cuaderno de instrucciones o un cahier de doléances al que tenían que ajustarse estrictamente. Con pena de muerte incluso. Ahora sería peor, porque las órdenes a los representantes no las darían ni siquiera los ciudadanos, sino los burócratas de los partidos políticos.

Para que a uno le apliquen la legislación antitransfuguismo tiene que ser tránfuga previamente. Es decir, abandonar el grupo político de origen por su propio pie, suyo de él. Y después, ponerse manos a la obra. Mismito que hicieron en San Sebastián de La Gomera y en Valle de Gran Rey algunos de Coalición Canaria para después montárselo con el PSOE con las bendiciones urbi et orbe de Casimiro.

Si un Grupo Político, por mayoría, decide presentar una Moción de Censura y cuenta con un número suficiente de firmantes --fíjense, aunque la minoría no acatase la decisión mayoritaria-- esa Moción va a Misa. Y si luego se rompe el Grupo y el Partido Político comunica a la Corporación que los suyos-suyos son los de la minoría que no firmó la Moción, eso está muy bien. Pero de aquí p´alante. De aquí p´atrás no,caballero.

“Tranquilínsensen”. Los de CC porque las reglas que ustedes aprovechan para calzarse el gobierno donde sea, aunque no ganen, valen para todos. Y los de la dirigencia del que era Partido socialista Canarios, y ya no lo es a mayor gloria de Paulino, Oramas y Cía, porque no peligran sus poltronas. Cuanti más débiles y sumisos sean a Ferraz, es decir a Coalición Canaria vía Madrid, más tiempo estarán “tocando poder”. Sólo tocándolo, mucho cuidado.

Entretanto los votantes y militantes pongan a todos estos en su sitio --ya se sabe que no hay blancos que cien años duren, ni espínolas que lo resistan-- no les queda a los socialistas palmeros, herreños (y cada vez más) que entonar un corrido de los Tigres del Norte que hace furor: “No me transfugues, Pepe”.

XTF-LA LAGUNA presenta una moción de modificación del Reglamento Orgánico municipal

La moción tiene como objeto mejorar la calidad democrática en el funcionamiento de la vida pública municipal y profundizar en la democracia participativa.

 

El Grupo Municipal de XTF en el consistorio de La Laguna ha registrado una moción en la que se insta a la modificación del Reglamento Orgánico municipal que se debatirá en el Pleno del próximo día 8 de septiembre. El concejal de XTF, Ignacio Viciana, ve necesaria esa modificación, a pesar que el anterior mandato el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobara el Reglamento Orgánico Municipal y la regulación del ejercicio del derecho a la Participación Ciudadana, ya que considera que su contenido fue fruto de un debate y acuerdo político en el que no participaron algunos de los Grupos Municipales y concejales que hoy forman parte de la Corporación. Y dado, que en su potestad autoorganizativa, la Corporación puede proceder a modificarlo, especialmente en relación con aquellos preceptos que contradicen o limitan derechos amparados por la Constitución y la leyes que la desarrollan. “Sobre todo, apuntó Viciana, en aras a ser fieles al principio inspirador recogido en su exposición de motivos sobre la pluralidad política y el derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas a la participación, consagrado en los artículos 6 y 23 de la Constitución Española, como elemento básico de interpretación del mismo”.

Asimismo, el concejal XTF resalta que “esta modificación pretende garantizar al máximo la aplicación y desarrollo de las normas que componen la participación de los ciudadanos y ciudadanas, de los Grupos Políticos y de los Concejales y Concejalas, así como el libre ejercicio por éstos de las competencias, facultades, derechos y deberes legalmente reconocidos para el desarrollo de su actividad”.

La moción del Grupo de XTF propone iniciar los trámites para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal con el objeto de mejorar la calidad democrática en el funcionamiento de la vida pública municipal y profundizar en la democracia participativa en dos direcciones: Primero, habilitar la posibilidad de que tanto los colectivos sociales y vecinales inscritos en el registro municipal de Participación Ciudadana como los propios ciudadanos (en los términos establecidos en el Reglamento de Participación Ciudadana) tengan la capacidad de hacer propuestas al Pleno, así como de disfrutar de un segundo turno de intervención una vez conocida la posición de los miembros de la Corporación sobre sus propuestas. Y segundo, adaptar el Reglamento Orgánico Municipal a la Constitución y la leyes que la desarrollan, sobre todo en lo relativo al derecho de participación política e información de las y los concejales.

… Esa gente!!!... (Los socialistas herreños)

Por Santiago Pérez

Así  se refería el tal  Antonio Hernando  a los socialistas herreños. El Partido Socialista Obrero Español es una Organización Política de carácter Federal, “basada en la autonomía de sus órganos (los de las colectividades que lo componen, municipales, insulares o provinciales, regionales o de nacionalidad y sectoriales) dentro de las competencias que estatutariamente les corresponden”. Así rezan  los artículos 3.4º y 7º y 14.1º de los Estatutos Federales y el artículo 1 del Reglamento de Estructura y Funcionamiento del Partido, vigentes actualmente.

Estos días oigo a algunos de la dirigencia socialista, de los que Ana Oramas parece haberse convertido en portavoz autorizada, balbucear que van a expulsar a Alpidio Armas para desactivar la Moción de Censura en el Cabildo Insular de Hierro (El). Lo pongo así, porque supongo que así, sin “El”,  lo pronunciará el tal Hernando.

Lo del carácter federal lo subrayo porque, tratándose la Moción de Censura en el Cabildo de una cuestión genuinamente insular donde las “haiga”, me tendrá alguien que explicar cuál es el fundamento legal de cualquier sanción contra los consejeros insulares socialistas herreños.

Porque una cosa es que los expulsen y otra que la expulsión esté política y jurídicamente justificada. Porque si no lo está, podrá ser recurrida ante los Tribunales por vulnerar derechos de participación política, que son derechos fundamentales:  A) el derecho a afiliarse a un Partido, que conlleva el de permanecer en él  y el de no ser sancionado injustamente; y B), el de desempeñar en plenitud el cargo público para el que uno ha sido elegido (“ius in officio”) que, en el caso de Alpidio, implica el de ejercer todas las facultades propias del cargo de consejero del cabildo, incluida la de firmar una Moción de Censura, y la de ser  candidato a la presidencia  de la Corporación Insular ya que fue cabeza de lista electoral.

Si la finalidad de una expulsión exprés es bloquear una Moción de Censura, cualquier persona  en uso de sus facultades mentales sabe que, al ser recurrible, no es firme. Y por lo tanto no puede producir efecto alguno en una órbita diferente a la de la vida interna del Partido, como es una Institución Pública de carácter representativo. Y en el Partido producirá algún efecto provisional porque ya se encargarán de aplicarla manu militari los ejecutivos socialistas reconvertidos en esbirros de Coalición Canaria  por estos andurriales. Porque si no, ni eso.

Por lo tanto: Lobos No, Gracias. Que, aunque el tal Hernando y Blanco no lo crean, aquí no estamos en taparrabos.  Y  jurídicamente tampoco.

Hablemos en serio.

-     La Moción de Censura está correctamente presentada  desde el punto de vista jurídico. Su justificación política, --que me supongo que tendrá que ver con la alternancia política en la Isla del Meridiano, después de décadas de hegemonía de AHI--,   tendrán que explicarla los promotores.

El examen de si cumple o no los requisitos legales, incluida la legitimación de los firmantes, ha de referirse necesariamente al momento de presentarla. Es una exigencia del principio de  seguridad jurídica. Eso de que “te expulso mañana para invalidar lo que hiciste ayer”  vamos a tomarlo como una broma. ¡Yo no lo haría, forastero!

-    Las normas de procedimiento tienen una especial fuerza vinculante en el Estado de Derecho. Son normas  “de orden público”. Y en particular las que regulan la constitución y la elección del gobierno de las Instituciones políticas. Y su destitución a través de la moción de censura y la cuestión de confianza. Porque garantizan la aplicación de la regla de las mayorías, esencial en la democracia. El que juegue con ellas juega con fuego. Y se puede quemar.  No sólo en el terreno del Derecho Administrativo. Sino en el del Código Penal.

-    No es lo  mismo Tránsfuga que Expulsado. Un tránsfuga lo es exclusivamente por su propia conducta, al abandonar voluntariamente el Grupo Político  que representa a la candidatura electoral por la que fue elegido para el cargo público. Además, la condición de tránsfuga ha de ser previa (a la tramitación de la Moción). Nunca sobrevenida. Ni impuesta.

-    Por el contrario, y para no entrar en profundidades,   uno puede ser expulsado simplemente por no hacerle el rendez-vous  al pepeblanco de turno y espetarle que con los asuntos canarios no se trapichea. Expulsar a alguien para convertirlo en  tránsfuga  podría colar en una pandilla de adolescentes. Pero entre gente de más de dieciocho años…!

-    Finalmente. Las Instituciones no representan jurídicamente a los partidos políticos, sino a los ciudadanos. Y los cargos públicos de elección popular, también. Nuestro sistema político es de base representativa. Permitirle a los partidos políticos, por medio de cualquier treta, bloquear el ejercicio de las facultades de un parlamentario, consejero insular o concejal, sería tanto como restablecer el mandato imperativo, como en los Parlamentos medievales o en aquellas Cortes a las que sólo convocaban  los monarcas del Antiguo Régimen para que autorizaran nuevos impuestos. Y, a veces, ni para eso.

Pero con una diferencia, a peor: que los “cuadernos de instrucciones” --así se llamaban-- no los darían los votantes, sino esos entes tan refractarios a la democratización interna que son los partidos.

-    Oséase: la única forma de impedir la Moción es que alguno de los firmantes se eche atrás y no la vote. Y no porque, entonces, los demás se conviertan en tránsfugas ni por ninguna zarandaja por el estilo. Sino porque, bien presentada como está,  ya no contará con la mayoría absoluta en el momento de la votación. Que es el de la verdad.

Reforma de la Constitucion: "Golpe de Estado Neoliberal"

Pequeña serie de videos explicando como afectará la reforma constitucional al déficit.

XTF pide al Gobierno que los desahuciados no tengan que pagar la hipoteca

Así lo indicó el portavoz insular de XTF - Por Tenerife, Ramón Trujillo, quien en rueda de prensa denunció que no se cumpla con el derecho constitucional a la vivienda y lamentó que muchas personas pierdan sus casas y, "encima, sigan debiendo dinero al banco".

Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste, El Rosario, El Sauzal, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Icod de los Vinos y Arafo son los municipios donde Por Tenerife presentará esta moción, que también insta al Gobierno a paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia.

A nivel municipal también pretenden paralizar los desahucios, para lo que pretenden crear una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales, dice la moción presentada en Arafo, donde se aprobó por mayoría.

Alertan de que entre 2007 y 2010 se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias en España y las previsiones indican que entre 2011 y 2012 se podría llegar a 500.000.

XTF considera "inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario" y en cambio las entidades financieras no asuman ninguna responsabilidad, agregan en la moción.

Carta urgente de José Luis Sampedro a Zapatero con respecto a la reforma express de la Constitución

Señor presidente, permitánme dirigirme a usted para comentarle mis más profundas inquietudes que, por mi honor y conciencia, me impiden quedarme al margen de los hechos relativos a nuestra Constitución amenazada por una vergonzosa e imborrable mancha.

Habéis realizado un gobierno durante sus dos legislaturas en las que, muchos podemos estar en contra o a favor de su gestión frente del ejecutivo que preside. Habéis cometido aciertos y errores, éstos últimos desgraciadamente más numerosos en su último periplo presidencial. Sus gestiones pueden ser criticadas o avaladas desde todos los frentes que los ciudadanos deseen pronunciarse.

José Luis Sampedro

¡Pero que mancha de cieno sobre vuestro nombre -iba a decir sobre vuestro reino- puede imprimir esta abominable reforma constitucional! Por lo pronto usted decide reformarla mediante una llamada telefónica al señor Mariano Rajoy, presidente del principal partido de la oposición, tomando ambos la representatividad parlamentaria como un absolutismo de dos dirigentes, dando bofetada suprema a toda justicia. Y no hay remedio, España conservará esa mancha sobre su carta magna y la historia consignará que semejante crimen social se cometió al amparo de vuestra presidencia.

Puesto que ha obrado tan sin razón, hablaré. Prometo decir toda la verdad y la diré si antes no lo hace el tribunal con toda claridad. Es mi deber: no quiero ser cómplice. Todas las noches me desvelaría el espectro de la ciudadanía que expía a lo lejos cruelmente ultrajada, una reforma que no ha decidido.

Por eso me dirijo a vos gritando la verdad con toda la fuerza de mi rebelión de hombre honrado. Estoy convencido de que la ciudadanía no ignora lo que ocurre, entonces ¿a quién denunciar este afrenta malhechora de verdaderos culpables sino al primer soberano de la carta magna, al Pueblo?

Ante todo la verdad acerca de nuestra carta magna y su proceso de reformarla. Nuestra Constitución, nacida en 1978, promulga en su artículo primero del título preliminar “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Agentes externos a nuestro ámbito constitucional, la señora Merkel y el señor Sarkozy han dictado los cambios que usted promulga, auspiciados aún si cabe por entidades externas y opacas a la ciudadanía, no sólo de nuestro estado, sino del resto de los ciudadanos miembros de la Unión Europea.

Señor presidente del gobierno y señor presidente del principal partido de la oposición: No recuerdo que en ninguna de las legislaturas, en las que ustedes han sido elegidos como representantes de los ciudadanos (ni anteriormente tampoco), hubiese en algún proceso electoral papeletas para proceder a legitimar a estas personas (la señora Merkel y el señor Sarkozy) sobre nuestro ordenamiento legal, jurídico y constitucional.

Igualmente me consta, en ninguno de sus respectivos programas electorales, ninguna intención de reformar la constitución. Ante este hecho y sus intenciones, ustedes han puesto la forma política dictada por la Constitución (representación parlamentaria) muy por encima de la soberanía establecida en la carta magna (el pueblo) documento que regula las normas y convivencia en nuestra nación.

Al ejercer su disciplina partidista, sr. Zapatero y sr. Rajoy, en la que los señores y señoras parlamentarias únicamente promulgan el deseo de sus líderes (en el presente caso ustedes), vuestras señorías son responsables y ejecutores del crimen que les expongo.

De forma sorpresiva, en periodo estival, con un parlamento en funciones, donde las señorías preparan las maletas fuera del hemiciclo ante la próxima cita electoral, ustedes pretenden modificar la Constitución sin consultar a sus soberanos. Ustedes sobrepasan con sus intenciones el artículo primero del título preliminar de nuestra constitución. Su reforma no es para un “Estado social” y sus formas no son, ni mucho menos, “democráticas de Derecho”.

Tal es la verdad, señores parlamentarios, verdad tan espantosa, que no dudo quede como una mancha en vuestra representatividad. Supongo que no tengáis ningún poder en este asunto, que seáis prisioneros de los mercados y de los poderes que os rodean; pero tenéis un deber de ciudadano en el cual meditaréis cumpliéndolo, aunque dudo que honorablemente. No creáis que desespero del triunfo; lo repito con una certeza que no permite la menor vacilación; la verdad avanza y nadie podrá contenerla.

Hasta hoy no perpetrabais el proceso, pues hasta hoy no han quedado deslindadas las posiciones de cada uno; a un lado los culpables, que no quieren la luz; al otro los justicieros que darán la vida porque la luz se haga. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma, y la explosión será terrible. Veremos como se prepara el más ruidoso de los desastres. Señor Presidente, concluyamos, que ya es tiempo.

Yo acuso al Banco Mundial, FMI, OCDE y demás organizaciones supranacionales y externas al gobierno europeo de ser los organizadores de este crimen. Ninguna de ellas elegidas en representatividad por el Pueblo de un estado, el nuestro, sobre el que quieren reformar la Constitución.

Acuso a la UE y al BCE de ser garantes dentro del territorio europeo este complot.

Acuso a Standard & Poor’s y a Moody’s como cómplices y beneficiarios de este acto.

Acuso al conjunto de la banca europea y nacional como lobby cómplice y beneficiarlo de esta infamia.

Acuso a la señora Merkel y al señor Sharkosy por inducir a perpetrar este vil atentado a nuestra soberanía.

Acuso a aquellas empresas, que junto a la banca, presionan a sus señorías para dejar de ejercer la representatividad de sus soberanos, ejerciéndola sobre sus intereses económicos.

Acuso a aquellos políticos cuyo máximo interés es mantenerse en el cargo que ejercen a cualquier precio, tan indignantes como el del crimen que nos ocupa.

Y por último: les acuso a ustedes por proponer esta modificación de espaldas a la ciudadanía. Ciudadanía que avala, es garante y soberana tanto del estado Español como de su carta magna. Ustedes que, mediante una simple llamada telefónica, ultrajan la inviolabilidad de una Constitución, inviolabilidad que defendieron cuando no se han atrevido a mantener su vigencia, adecuándola a las realidades sociales. Ustedes que juraron o prometieron sobre ella. Se atreven a modificar el máximo documento del Estado en aras del “Mercado”. Mercado al que pretenden calmar mientras las voces del pueblo son ignoradas o silenciadas.

Puede que éste crimen ejerzan el efecto que ustedes esperan, pero no ignoren las victimas consecuentes. Habrán convertido la Constitución en un simple panfleto al que poner a cotizar en los mercados de valores, habrán convertido el espíritu de la transición española no en un garante de paz y democracia social como fue en su día, sino en un mero informe de resultados macro-económicos. Y habrán convertido a la ciudadanía española en un pueblo sin su máximo referente de legalidad moral y convivencia al subvertir los valores representados en ella por cifras monetarias inducidas fuera del espíritu en el que se redactó.

Distinguidas señorías, en nuestro Estado, no sólo hay que ser demócrata, también hay que parecerlo y sus formas distan mucho de ello. Desde hace mucho tiempo no resuelven entre ustedes la composición del Tribunal Constitucional y resulta que si resuelven en minutos modificar el texto sobre el que basar sus juicios. Lo dicho señorías, también hay que parecerlo.

Sólo la ciudadanía tiene el derecho, tiene el deber, de mantener vigente este documento, ustedes han de darles los medios. Ustedes, la clase política, que no sólo por activa ahora perpetran este crimen que nos ocupa, sino que por pasiva en las últimas décadas no han dado un paso para mantener su vigencia, y mucho menos aún, consultar al Pueblo al respecto.

No ignoro que, al formular estas acusaciones, arrojo sobre mí el peso y decisión del máximo soberano del estado del cual ustedes se supone que representan. Y voluntariamente me pongo a disposición del Pueblo.

En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni las conozco ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social. Y el acto que realizo aquí, no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y de la justicia.

Sólo un sentimiento me mueve, sólo deseo que la luz se haga, y lo imploro en nombre de la ciudadanía, que ha sufrido tanto y que tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los ciudadanos y que me juzguen públicamente.

Así lo espero.

José Luis Sampedro