La vivienda demolida parcialmente en El Coromoto es de propiedad municipal

Sï se puede y XTF piden que el Ayuntamiento averigüe quiénes la derribaron y que se estudie la posibilidad de mantenerla en pie para uso social

Urbanismo no contesta si había orden de desalojo y permisos para tirarla

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna ha confirmado que la vivienda del barrio de El Coromoto que había sido ocupada por un colectivo social, y fue parcialmente demolida sin que se sepa aún por quiénes, es de propiedad municipal.

La citada vivienda se encuentra dentro de la Unidad de Actuación Geneto 2, en una parcela destinada según el Plan General de Ordenación a espacios libres (áreas de juego y ajardinadas) que fue objeto de cesión gratuita y obligatoria a la Corporación en virtud del convenio firmado con la entidad Promociones Inmobiliarias Daltre en el marco del desarrollo de la Unidad de Actuación.

Los concejales de Sí se puede (SSP), Juan Miguel Mena; y Por Tenerife (XTF), Nacho Viciana, habían preguntado por escrito al Gobierno local (CC-PSOE) sobre la titularidad de la parcela y la vivienda, sobre si la misma tenía algún tipo de protección urbanística, y sobre si quienes procedieron a su derribo habían solicitado antes los permisos pertinentes o simplemente entraron por las bravas y demolieron los techos para hacerla inhabitable.

La Concejalía de Urbanismo se ha limitado a confimar que la parcela y la vivienda son de propiedad municipal, pero no contesta una sola palabra sobre si existía o no orden de desalojo del colectivo que la estaba ocupando, o si quienes procedieron a su derribo lo hicieron siguiendo indicaciones del Gobierno municipal o habían pedido los permisos correspondientes.

El colectivo que ocupó la vivienda llevaba meses adecentando la casa con el objetivo de organizar en ella actos de carácter comunitario como clases particulares gratuitas o foros de debate, e incluso habían puesto en marcha un huerto ecológico; pero se encontraron con la desagradable sorpresa de que el 29 de noviembre de 2012 la vivienda amaneció con sus cubiertas destrozadas y pintadas en rojo anunciando un supuesto peligro de derrumbe que según ellos no existía.

Los miembros de este colectivo social interpusieron una denuncia en el Juzgado de Instrucción Nº 4 de La Laguna  después de ser alertados de que cerca de diez obreros de la construcción se encontraban en la vivienda derrumbando los techos, destrozando paredes y puertas, y llevándose de allí los enseres personales que habían ido acumulando allí desde el mes de julio.

En este sentido, los concejales de SSP y XTF, han vuelto a presentar un escrito solicitando al responsable de Urbanismo, Juan Manuel Bethencourt, que se aclaren estos extremos y en todo caso que se dirija al Juzgado Nº4 para interesarse por la identidad de quienes procedieron al derribo y proceder en consecuencia, dado que se trata de un bien municipal que fue parcialmente demolido sin que estén claras las circunstancias.

Juan Miguel Mena y Nacho Viciana consideran que dada que está próxima la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) se podría realizar una consulta vecinal en El Coromoto y en el caso de que la ciudadanía estuviera conforme mantener en pie esa vivienda y permitir su uso social, haciendo las modificaciones necesarias en el PGO.

Abreu no quiere una tasa porque sabe que el precio del agua bajaría en La Laguna

"Una tasa prohíbe hacer negocio con la prestación de un servicio esencial, lo contrario de lo que viene haciendo Teidagua a costa de la ciudadanía"

"El único cambio desde su llegada al servicio, además de que los precios no paran de subir, es que cobra un sueldo de Teidagua que compatibiliza en claro fraude de ley con sus dietas mensuales"

"El problema del PSOE en La Laguna no es Santiago Pérez sino Abreu, que para tocar poder ha tenido que hundir a su Partido"

El concejal del Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en La Laguna, Nacho Viciana, señala que el responsable del agua en el municipio, Javier Abreu, se niega a que el servicio se cobre mediante una tasa porque sabe que el precio del agua bajaría.

El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han dictado sentencias fijando que los servicios públicos de recepción obligatoria por parte de los ciudadanos deben cobrarse mediante una tasa, cuya recaudación no puede sobrepasar nunca el coste real del servicio, y Abreu sabe que esto implicaría eliminar de la estructura de costes los beneficios que obtiene Teidagua cada año (1,6 millones en 2011) y obligaría a revisar lo que gastan en pagos a empresas vinculadas al socio privado de la empresa (5 millones de euros en el último ejercicio auditado).

Viciana explica que la clave de este debate es que a través de una tasa nadie puede hacer un negocio con la prestación de un servicio público esencial, lo contrario de lo que viene ocurriendo con Teidagua en La Laguna a costa de la ciudadanía. Por eso suenan ridículas las argumentaciones de Abreu, tratando de anteponer los criterios de la Audiencia de Cuentas de Canarias a los de los tribunales Supremo y Constitucional.

Abreu no quiere hablar en serio de este asunto porque ha olvidado que su primera obligación es defender a los laguneros y sus necesidades, convirtiéndose en el paladín de la empresa, pasando en menos de un año de anunciar con vallas publicitarias que se podía morir bebiendo el agua del grifo del municipio a decir en un Pleno que Teidagua es la mejor empresa de servicios de Canarias.

Y en realidad el único cambio desde su llegada al servicio, además de que los precios del agua no paran de subir a pesar de que la calidad sigue siendo igual de mala; es que ahora cobra un sueldo de Teidagua, lo que le permite, en claro fraude de ley desde nuestro punto de vista, llevarse cerca de mil euros mensuales más en dietas, que le están prohibidas al resto de los miembros del Gobierno local.

Viciana termina diciendo que el problema del PSOE en La Laguna no es Santiago Pérez, que ganó las elecciones con 13 concejales en 1999; sino Javier Abreu, que para llegar a tocar poder ha tenido que hundir a su Partido dejándolo en 4 concejales.

Santiago Pérez denuncia el neocolonialismo consentido por el ayuntamiento en la gestión del agua y anuncia que llevara el caso a los tribunales

Santiago Pérez, portavoz del grupo municipal XTF en el ayuntamiento de La Laguna, ofreció este lunes una rueda de prensa sobre la polémica gestión del agua en el municipio en la que explicó que se torna más compleja cada día, no en vano estamos hablando de lo que se cobra a los laguneros por un servicio esencial, como es el abastecimiento del agua, alcantarillado y depuración, que está siendo prestado en régimen de monopolio.

 

Afirma que los usuarios de La Laguna constituyen un mercado cautivo por la situación de monopolio que se ha impuesto al respecto desde la Administración, de forma que tienen que recibir obligatoriamente ese servicio en las condiciones de calidad y precio que se impongan.

Pérez dijo que precisamente porque esto es así, la legislación española establece un mecanismo de garantía de los intereses públicos, o lo que es lo mismo, el de los vecinos de La Laguna. Este mecanismo consiste en que para cobrarle cualquier servicio de recepción obligatoria ha de establecerse una tasa (un tributo) que garantice un techo máximo de lo que se pueda cobrar, que será el coste real del servicio.

“A través de una tasa nadie puede hacer un negocio con la prestación de un servicio público esencial” dijo el concejal de XTF, quien añade que de esa forma si al fijar lo que se cobra a los vecinos a través de una tasa se inflaran los costes, se estaría incurriendo en graves responsabilidades jurídicas, que podrían ser incluso penales por un delito de exacción ilegal. Insiste en que por esta razón las tasas son garantía frente a otras fórmulas de pago como los precios públicos, pensados para otros menesteres, además de que se puede hacer negocio a través de ese mecanismo, lo contrario de lo que ocurre con las tasas.

El político tinerfeño asegura que un gobierno municipal que quiera actuar con transparencia, como así afirmó la semana pasada Fernando Clavijo al césar a uno de sus concejales, tiene que empezar a aplicarla allí en donde más cuesta hacerlo, de modo que cuesta más aplicarla en ámbitos en los que hay muchos intereses en juego, como es el caso.

Recordó que el servicio de abastecimiento de aguas en La Laguna se gestiona a través de una empresa mixta, pero es municipal y su capital es mayoritariamente público, de los ayuntamientos de La Laguna y Tacoronte. Al ser mixta, en el capital de la empresa participa un socio privado, Acuagest, que forma parte de un gran grupo empresarial, Aguas de Barcelona, dedicado al ciclo integral del agua y que tiene actividades en este sector en Europa y América, participada a su vez por Suez Environnement SA.

En La Laguna, a pesar de ser el socio minoritario, sin embargo controla la Gerencia de Teidagua cuando lo normal es que lo hiciera el ayuntamiento, en base a su mayoría. Añade que cuando se seleccionó a este socio privado a través de un concurso público en las bases no figuraba que el control de la Gerencia acabara recayendo en el socio minoritario, por lo que cobran el 4% del volumen de negocio, que en 2011 ascendió a 651.100 euros.

Santiago Pérez afirma que lo más importante es que a través de la Gerencia, Teidagua contrata la mayor parte de sus servicios a empresas pertenecientes al Grupo Aguas de Barcelona, en una especie de circuito económico cerrado del que se excluye a empresas canarias  y por unos precios establecidos al margen de la competencia. De este modo, las empresas agracias son Canaragua, Aqualogy Supply, Aquagest Servicios (solo en servicios facturó a Teidagua más de 900.000 euros), Pozos y Recursos del Teide, que se configuró en Madrid de un día para otro para explotar un negocio de agua muy importante que pertenecía a una empresa Ebro Agrícolas, muy conocida en Valle Guerra, que le vendió agua a Teidagua en 2011 por 1,2 millones de euros.

El concejal de XTF recordó que pidió al ayuntamiento que comprara el agua de Ebro Agrícolas, pero lo hizo esa empresa creada sobre la marcha por el grupo privado, porque aunque le hayan puesto un nombre canario, lo cierto es que pertenece al grupo privado barcelonés, dicho lo cual indica que en su conjunto, todas esas empresas que vendieron agua a Teidagua, vinculadas al Grupo Aguas de Barcelona, han realizado un volumen de facturación neta durante 2011, último año auditado, superior a los 5 millones de euros. 

Afirma que todas esas contrataciones se han hecho a dedo desde la Gerencia. Al hacerse de ese modo, no hay certeza de que los precios contratados se correspondan con los del mercado a pesar de que los directivos de Teidagua afirmen que sí se corresponden con los del mercado y añade que para saberse si corresponden con el mercado, esas contrataciones debieron hacerse por el procedimiento de libre competencia.

Toda esa cantidad de recursos públicos que Teidagua paga al grupo de empresas catalán se traduce en el recibo que pagan los laguneros como costes del servicio. Aquí dijo que cuando en el pleno planteó que se estableciera una tasa y que se hiciera un balance para explicar por qué la gerencia está vinculada al grupo privado el gobierno local le respondió con una falsedad al decir que el Tribunal Constitucional 185/1995 había establecido que esos servicios se podían cobrar por medio de tasa y otro concepto, algo que es falso, aseguró, para añadir que esa sentencia es tan clara que el pasado mes de diciembre la Justicia da la razón al ayuntamiento de La Orotava, que cobra este servicio por medio de una tasa y que no pasa por el control de precios del Gobierno regional.

En esta sentencia, el TS a modo de resumen dice cuál es la doctrina del Constitucional al respecto, avalada además por las Sentencias del propio Tribunal 102/2005, de 20 de abril y 121/2005, de 10 de mayo, coincide con el fundamento de la enmienda, ya que el Tribunal Constitucional confirma que ha de establecerse una tasa  (y no un precio público, de regulación más flexible y con menos garantías para los ciudadanos,  y menos aún un precio privado), cuando se trata de un servicio de recepción obligatoria  (art. 20.1.B.a de la LRHL y art. 155.3  del Reglamento de Servicios). 

En el Fundamento Jurídico 3. de esa Sentencia el Tribunal Constitucional define qué es un servicio de recepción obligatoria en los términos siguientes: “que deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social”.

Esta doctrina del Tribunal Constitucional ha obligado al Tribunal Supremo a rectificar su doctrina, como reconoce en la recientísima Sentencia 8074/2012, de 3 de diciembre, estimando un Recurso de Casación del Ayuntamiento de La Orotava, considerando que “Esta Sala mantuvo esta configuración hasta el 1 de enero de 1999, fecha a partir de la cual y en virtud de la disposición transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 25/1998 , debería siempre considerarse una tasa, como consecuencia de las reformas introducidas a resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional185/1995 , cuya doctrina ratificaron las sentencias del mismo Tribunal 102/2005, de 20 de abril , y 121/2005,de 10 de mayo . Por ello, en la sentencia Ayuntamiento de Ávila sienta un criterio, después ratificado en la sentencia Ayuntamiento de Alicante , conforme al que la prestación del servicio público municipal de abastecimiento de agua, de recepción obligatoria, siempre debe sufragarse a través de una tasa, cualquiera que sea su forma de gestión”.

Santiago Pérez requiere a Fernando Clavijo para que en este asunto haya máxima transparencia, anunciando que este tema irá a los tribunales, ya que entiende que en un estado de derecho con la mayoría se puede hacer de todo, menos violar la legalidad.

La verdad del agua en La Laguna

En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado jueves, 17 de enero,  el Gobierno Municipal  --haciéndose eco de los intereses del socio privado de la empresa Teidagua, SA--   se negó a aceptar la enmienda  del Grupo XTenerife,  por la que se proponía  el establecimiento de una tasa para el cobro a los usuarios del servicio de abastecimiento de aguas, alcantarillado y depuración, faltando a la verdad al tratar de escudarse en una Sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente la Sentencia 185/1995, cuyo texto ni se aportó ni se leyó en el Pleno.

La enmienda rechazada pretendía que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre haciendas locales (LRHL, Texto Refundido)  y sobre servicios de las corporaciones locales (D. de 1955, art. 155.3)  los servicios públicos de recepción obligatoria por parte de los ciudadanos han de cobrarse por medio de una tasa, cuya recaudación no puede sobrepasar el coste real del servicio. La garantía para los abonados, que constituyen un mercado cautivo, es evidente: cualquier exceso a la hora de fijar la cuantía de la tasa, cualquier manipulación de los costes del servicio, constituyen  graves responsabilidades jurídicas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, confirmada por las Sentencias del propio Tribunal 102/2005, de 20 de abril y 121/2005, de 10 de mayo, coincide con el fundamento de la enmienda, ya que el Tribunal Constitucional confirma que ha de establecerse una tasa  (y no un precio público, de regulación más flexible y con menos garantías para los ciudadanos,  y menos aún un precio privado), cuando se trata de un servicio de recepción obligatoria  (art. 20.1.B.a de la LRHL y art. 155.3  del Reglamento de Servicios).

En el Fundamento Jurídico 3. de esa Sentencia el Tribunal Constitucional define qué es un servicio de recepción obligatoria en los términos siguientes:

“que deberán considerarse coactivamente impuestas no sólo aquellas prestaciones en las que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar o, dicho, con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social.”

Esta doctrina del Tribunal Constitucional ha obligado al Tribunal Supremo a rectificar su doctrina, como reconoce en la recientísima Sentencia 8074/2012, de 3 de diciembre, estimando un Recurso de Casación del Ayuntamiento de La Orotava, considerando que “Esta Sala mantuvo esta configuración hasta el 1 de enero de 1999, fecha a partir de la cual y en virtud de la disposición transitoria segunda, apartado 1, de la Ley 25/1998 , debería siempre considerarse una tasa, como consecuencia de las reformas introducidas a resultas de la sentencia del Tribunal Constitucional185/1995 , cuya doctrina ratificaron las sentencias del mismo Tribunal 102/2005, de 20 de abril , y 121/2005,de 10 de mayo . Por ello, en la sentencia Ayuntamiento de Ávila sienta un criterio, después ratificado en la sentencia Ayuntamiento de Alicante , conforme al que la prestación del servicio público municipal de abastecimiento de agua, de recepción obligatoria, siempre debe sufragarse a través de una tasa, cualquiera que sea su forma de gestión.”

La gestión del servicio de abastecimiento de aguas de La Laguna se lleva a cabo a través de una empresa municipal, Teidagua s.a., cuyo capital social pertenece mayoritariamente a los Ayuntamientos de La Laguna y de Tacoronte. No se ha efectuado por tanto ningún tipo de concesión de la gestión del servicio a una empresa o entidad ajena al Ayuntamiento, que conserva su autoridad para regular el régimen del servicio (Reglamento del Servicio), así como la aprobación del régimen y cuantía del pago del servicio por parte de los abonados.
Sin embargo, la Gerencia de Teidagua la ejerce el socio privado, Aquagest Promoción Técnica y Financiera de Servicios de abastecimiento de Agua, SA  (Aquagest PTFAA, sa), perteneciente al Grupo Aguas de Barcelona  (AGBAR), participada a su vez por Suez Environnement SA. Por el desempeño de la Gestión cobran el 4% de la facturación global de Teidagua (651.199 euros en 2011, último año auditado).

Además, Teidagua contrata la mayor parte de sus servicios con empresas pertenecientes al Grupo Aguas de Barcelona en una especie de circuito económico cerrado del que se excluye a empresas canarias  y por unos precios establecidos al margen de la competencia. Los responsables de la Gerencia afirman que “corresponden a los precios normales de mercado”, sin más justificación. Canaragua, Aqualogy Supply, Aquagest Services, Pozos y Recursos del Teide, así como otras empresas vinculadas al Grupo Aguas de Barcelona han realizado un volumen de facturación neta a Teidagua durante 2011 de 5.005.836,94 Euros. Dentro de esos servicios, Aquagest factura a Teidagua 955.056,80 Euros.

En consecuencia, establecer una tasa obligaría a todos los responsables del Servicio de aguas de La Laguna a tener que demostrar rigurosamente el coste real del servicio, para poder fijar la cuantía de la tasa que se cobra a los abonados. Exactamente lo contrario de lo que viene ocurriendo hasta ahora, ya que a los vecinos de La Laguna se les viene cobrando por medio de la tarifa  (cuya naturaleza y fundamento legal cuestionamos radicalmente) una cantidad muy superior al coste del servicio, pudiéndose “hacer negocio” a costa de un servicio esencial que disfruta de un monopolio de hecho y de unos consumidores cautivos, dado el carácter  servicio de recepción obligatoria. De hecho, en el ejercicio 2011 se han repartido dividendos por valor de 1.641.156,01 Euros.

Santiago Pérez

Concejal de XTF en La Laguna

SANTIAGO PÉREZ: “Las tasas por abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración no debe exceder a los costes reales del servicio"

Santiago Pérez García, concejal del Grupo progresista XTF presentó en el Pleno del Ayuntamiento de La Laguna una enmienda a la propuesta de modificación de las Tarifas del Servicio de abastecimiento de agua potable ya que considera que los vecinos de La Laguna pagan -desde hace años por la prestación del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas- unas tarifas establecidas y modificadas sin fundamento legal.

El portavoz de XTF puntualiza, asimismo, que además las disposiciones legales tienen una gran trascendencia para las garantías los vecinos, a la hora de fijar los precios del agua, del alcantarillado y de la depuración, ya que se trata de servicios municipales de carácter esencial. Pues, los vecinos del municipio constituyen un mercado cautivo para la empresa que gestiona el servicio, ya que es de recepción obligatoria y no puede prestarlo cualquier empresa que opere en el mercado al ser un servicio de competencia municipal y reservado, por tanto, al Ayuntamiento que es quien, en el marco legal, define la forma de gestión.

El Ayuntamiento -según Santiago Pérez- decidió, a principios de los noventa, prestar el servicio a través de una empresa mixta en cuyo capital participa, de forma minoritaria, un “socio privado”, Aquagest Promoción Técnica y Financiera de servicios de Abastecimiento de Aguas, S.A, a quien se adjudico en concurso público la suscripción del 49% del capital social de Teidagua. Además se encarga del control de la Gerencia, que se le asignó por los Estatutos de la Empresa Mixta, por lo que percibe una cantidad equivalente al 4% del volumen de negocio.

La participación del capital privado en la gestión de un servicio público esencial, y de recepción obligatoria por los habitantes del municipio, tiene indudables ventajas al aportar experiencia en la gestión del ciclo integral del agua, tecnología, recurso financieros, personal cualificado…; pero entraña riesgos para los ciudadanos, cuyos derechos a disfrutar de un servicio en buenas condiciones de calidad/precio, pueden colisionar con las lógicas expectativas de maximización de beneficios del accionista privado que, además, controla la gestión a pesar de ser socio minoritario.

Y en este sentido el portavoz XTF señala que si el precio del servicio que presta la empresa Teidagua, se cobrara por medio de una tasa, como ordena la ley, “el importe estimado de la tasa por la prestación del servicio no puede exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio de que se trate. Así que la garantía del pago de un servicio a través de una tasa es importante, ya que toda recaudación superior al coste real del servicio es ilegal, obliga a calcular con mucha precisión dicho coste efectivo”. En consecuencia, Santiago Pérez propone al Pleno, con carácter de urgencia, que el establecimiento de tasas por abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración, no exceda en su conjunto de los costes reales del servicio, de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales.

SANTIAGO PÉREZ: el Gobierno canario debe incrementar las ayudas al colectivo de personas en riesgo de exclusión social

El portavoz de grupo progresista de XTF, Santiago Pérez, considera necesario que el Gobierno canario incremente la partida presupuestaria destinada a ayudas al colectivo de personas que corre un mayor riesgo de exclusión social y en ese sentido el grupo progresista de XTF presenta una enmienda a la moción del Grupo Socialista para que se inste al Gobierno de Canarias para que incremente las partidas presupuestarias destinadas a la Prestación Canaria de Inserción, al menos a niveles iguales a los del año 2012.

“En febrero -señala el concejal de XTF- concluyen las ayudas a los parados de larga duración, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo”, más conocido como Plan PREPARA. Esta medida, puesta en marcha por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido prorrogado en tres ocasiones, una por el anterior Gobierno y dos veces por el nuevo Gobierno del PP.

El portavoz de grupo progresista de XTF considera que el mantenimiento de estas ayudas a los desempleados, entre 400 y 450 euros, más allá del 15 de febrero es imprescindible dado el creciente número de personas que estando en desempleo no reciben ningún tipo de ayudas y la cantidad de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro. Santiago Pérez califica de “imprescindible que el Gobierno central decida cuanto antes prorrogar las ayudas del Plan PREPARA sin mantener en vilo a las personas que las necesitan y ampliándola a los casos que contemplaba inicialmente la normativa”.

La situación del desempleo, señala Santiago Pérez, es muy preocupante, con más del 25% de la población activa en paro a nivel estatal y en Canarias con unos indicadores dramáticos: tenemos un tasa de paro del 33,6%, según la EPA correspondiente al tercer trimestre de 2012, lo que supone 378.000 parados y el 53% de los mismos son de larga duración por lo que progresivamente van perdiendo las ayudas tradicionales al desempleo (prestación contributiva y subsidio). Los últimos datos publicado por el Servicio Público de Empleo señalan que en el mes de noviembre hay en el conjunto de estado 1.906.730 parados registrados que no cobran ningún tipo de ayuda, un 38,8%. Pero es que en Canarias esta cifra es aún más elevada: el 43,0% de los parados inscritos no tiene acceso a ninguna prestación económica, es decir hay 124.257 parados registrados que no son beneficiarios de ayuda alguna. Son estos datos los que explican el incremento de la tasa de riesgo de pobreza que sufren las Islas, un 33,8% según la última Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el INE.

Neocolonialismo acuático en La Laguna

Trataron de que pasara sin pena ni gloria, valiéndose de la indecente cantidad de dinero que gastan año tras año en publicidad y propaganda, el Pleno extraordinario solicitado por toda la oposición el pasado 19 de diciembre para debatir un asunto tan importante como el futuro de la calidad del agua en La Laguna.

No sólo lo fijaron a las 3 de la tarde (una hora inédita), coincidiendo con otro denso Pleno ordinario que comenzaba a las 5; sino que el concejal responsable de Aguas, Javier Abreu, ya había dado una rueda de prensa esa misma mañana para vaciar de contenido la reunión del máximo órgano del Ayuntamiento, dejando claro que más allá de cualquier debate, el agua en La Laguna volvía a subir de precio y los 15 millones de euros que cuesta una desalinizadora tendrán que pagarlos los vecinos y vecinas de su bolsillo.

Este Gobierno de CC y PSOE se pasa la vida haciendo grandes y lindos discursos sobre la importancia de la participación ciudadana y sobre la necesidad de contar con un agua de calidad, pero a la hora de la verdad convocan el Pleno para hablar del asunto a las 3 de la tarde, un horario que dificulta la asistencia del público, y después de dar por hecho públicamente, sin discutirlo con nadie, que esos 15 millones de euros acabarán saliendo de las facturas bimestrales que se abonan a Teidagua.

Esta es una convocatoria que retrata por sí sola a quienes la han hecho: el alcalde, Fernando Clavijo; y su lugarteniente, Javier Abreu; y que dice más que los mil siguientes discursos que tendremos que escucharles sobre participación ciudadana y sobre el agua en los años que nos quedan por vivir.

Pero vayamos al meollo de la cuestión.

Un viejo asunto: el problema de la calidad del agua en La Laguna y la evidente necesidad de mejorarla, porque no puede ser que miles de usuarios sigan recibiendo en sus casas un agua ya no mala, sino incluso no potable. Un asunto viejo, del que se viene hablando muchos años y a pesar de los reiterados compromisos electorales pasa el tiempo sin que se llegue a solucionar.

Y no contestaron ni una sola pregunta: ¿Cuánto van a tener que pagar los vecinos cada bimestre por la construcción de la desalinizadora? ¿De quién va a ser la titularidad de la planta? ¿Cuánto van a tener que abonar por el proceso de desalinización? ¿Por qué en lugar de desalinizar un agua que compran, que cuesta dinero y hay que tratar para que sirva, no recuperan el proyecto de la desaladora de Valle de Guerra que permite desalar un agua que es gratuita y de mejor calidad que la de las galerías?

La estrategia de Abreu fue valerse de su condición accidental de presidente accidentado del Pleno del Ayuntamiento de La Laguna para no contestar ni una sola pregunta y tratar de cerrar las intervenciones desde la Presidencia, dando las versiones sui generis de la realidad a las que acostumbra (de color rosa, ahora que está en el Gobierno, catastrofistas cuando estaba en la oposición) sin posibilidad de debate.

No se da cuenta Javier Abreu de que la realidad lo está esperando a la vuelta de la esquina para contradecirlo y dejarlo con el culito al aire una vez tras otra. Y como ha tenido que sufrir que unos medios de comunicación necesitados de publicidad y propaganda no se hicieran el eco que él consideraba oportuno de sus versiones cuando estaba en la oposición, piensa que desde el Gobierno podrá acallar con carretillas de dinero público gastado en propaganda las voces irreverentes de quienes tenemos ahora la responsabilidad de fiscalizarlo a él.

No es consciente de que si un día improvisa, y se lo cuenta a un periodista y se publica, que la construcción de la desalinizadora sólo supondrá 0,75 euros/bimestre en la factura de cada usuario; la realidad está ahí, esperando en la bajadita, para certificar que o bien es que tendrán que estar pagando 40 años, o que si lo quieren hacer a 10 años serán 3,72 euros/bimestre más lo que pague cada quien; 2,74 euros/bimestre en el caso de 15 años.

No quiere aceptar que la realidad le arruine un spot publicitario, otro más.

Es lo mismo que pasó después de emplearse a fondo para anunciar que las tarifas del agua en La Laguna para 2012 se congelaban. No sólo incumplió el compromiso electoral del PSOE de bajarlas (como dicen que el pacto lagunero es entre personas y no entre partidos parece que los compromisos electorales del PSOE pesan menos que la estrategia de Abreu); sino que la realidad vino a certificar que los costes fijos hacían subir la factura del agua el año pasado un mínimo de 24 euros, y que incluso sin abrir el grifo ni gastar una sola gota de agua cada vecino tuvo que pagar un mínimo de 20 euros/bimestre, es decir, 4 euros más a pesar de que las tarifas habían sido congeladas.

Tampoco le gusta escuchar al responsable de Aguas que la única diferencia desde su llegada a la dirección del área, en relación con la desalinizadora, es que ahora serán los vecinos quienes paguen: el proyecto ya fue presentado en febrero de 2011, un par de meses antes de las elecciones, por Fernando Clavijo. Eso sí, con el compromiso de que debido a la buena salud financiera de Teidagua (tiene beneficios millonarios cada año) sería ésta empresa la que asumiera los costes de la ejecución de la planta.

La llegada de Abreu al Consejo de Administración de Teidagua ha sido una bendición para la empresa, también para su parte privada. El azote opositor que gastaba dinero en colocar vallas advirtiendo del riesgo de morir en el caso de beber agua del grifo en La Laguna, se ha vuelto un corderito que ora les regala unos derechos que pueden llegar a ser millonarios en el caso de que haya agua en el Pozo de Las Mercedes, ora los libera de pagar los 15 millones de euros que cuesta la desalinizadora y se los endosa a la ciudadanía.

Una ciudadanía a la que debería estar defendiendo. Porque Abreu no está en el Consejo de Administración de Teidagua porque sea un experto en el tema, sino porque es concejal responsable del área en el Ayuntamiento de La Laguna. Y su primera función debería ser defender los intereses de los laguneros y las laguneras y vigilar a la empresa. Y no al contrario, por mucho que sea ésta última quien está pagando su sueldo, su propaganda diaria y hasta su periodista de cabecera.

Porque cuando un Gobierno municipal decide ceder la gestión de un servicio público esencial y obligatorio como el del agua a una empresa con parte de su capital privado, tiene que imponerse como primera misión vigilar la gestión de la misma. Y aquí ha pasado justo lo contrario, la persona que tenía que estar vigilando la gestión se ha convertido en empleado de la empresa a la que tenía que vigilar.

Es una nueva forma de colonialismo consistente en guiñar el ojo a los representantes públicos, es una suerte de neocolonialismo acuático aberrante que a fuerza de vencer a cuantos responsables políticos ha tenido la empresa les permite hacer negocio con un bien de primera necesidad en un mercado cautivo: La Laguna.

Por Tenerife y Si Se Puede pretenden cortar los cambalaches presupuestarios en La Laguna

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, Por Tenerife y Si Se Puede presentan una moción al próximo Pleno con el objeto de cortar el margen para los cambalaches presupuestarios y evitar reajustes de partidas económicas que al final triplican el presupuesto inicial de las áreas de Fiestas, publicidad y propaganda.

Así los portavoces de XTF, Santiago Pérez García, y Si Se Puede, Juan Miguel Mena, recuerdan que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Reglamento que la desarrolla establecen el carácter específico y limitativo de los créditos del Presupuesto de las entidades locales: es decir, que los ayuntamientos sólo pueden gastar los recursos que figuran en el Presupuesto “y se destinarán exclusivamente a la finalidad para la cual hayan sido autorizados” en el presupuesto de la entidad o en sus modificaciones debidamente aprobadas.

Sin embargo esa limitación se aplica en el marco de las denominadas bolsas de créditos, de forma pueden trasvasarse sin necesidad de tramitar una modificación presupuestaria el dinero de una a otra partida dentro de la misma bolsa de vinculación. De modo que si esas bolsas son muy amplias, se pueden inflar unas partidas vaciando otras. Y así al final del ejercicio presupuestario puede darse el caso de que determinadas partidas que no se parecen en absoluto a las que figuraban en el Presupuesto aprobado. Por ejemplo,la partida de Publicidad y Propaganda (Presupuesto 2011) disponía de un crédito de 176.532 euros en el Presupuesto de 2011 y, al final del año, se había aumentado hasta 1.119.931,24 euros por este procedimiento.

La regulación muy “amplia” de las bolsas de vinculación jurídica y la utilización constante del trasvase de una partida a otra dentro de la misma bolsa, degradan el valor jurídico del Presupuesto, el debate para su aprobación (que debiera ser el momento más importante en la vida de una corporación democrática) y las garantías de la buena gestión del dinero público.

Así, en plena crisis económica y sometido el Ayuntamiento a un duro Plan de Ajuste 2012-2022 que impone restricciones en los servicios públicos y el establecimiento de nuevos precios públicos, tasas y sistemas de copago por la prestación de servicios que hasta ahora eran gratuitos, la partidas de Fiestas Populares (2011) se incrementaron desde 1.018.518,72 euros hasta 1.1867.858,69 euros a 31 de diciembre, a los que habrá que añadir otros 981.813,88 euros que ha habido que reconocer ,después de cerrado el año presupuestario, como consecuencia de contrataciones efectuadas al margen de la legalidad. En el actual Ejercicio 2012, el gasto aprobado para Fiestas fue de 1.114.941,26 euros. A 23 de noviembre, ya va por 2.394.232,70 euros utilizando estos procedimientos.

Por otro lado, las Bases de Ejecución del Presupuesto regulan el procedimiento para la tramitación de las modificaciones presupuestarias y definen, en el caso de las Transferencias de crédito, el órgano competente para su aprobación.

Las transferencias de crédito son las modificaciones del Presupuesto de gastos más frecuentes, ya que “sin alterar la cuantía total del mismo se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación jurídica”. Según las Bases de Ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna vigentes durante los últimos años, la aprobación de determinadas transferencias de crédito (Entre partidas de la misma área de gasto o entre partidas del Capítulo I) corresponde al Presidente de la Corporación.

En base a estos antecedentes y con la finalidad de reforzar la transparencia en la gestión del dinero público y los mecanismos de control democrático, que debe ejercer el Pleno del Ayuntamiento los grupos políticos de Por Tenerife y Si Se Puede proponen que la modificación de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2013 respecto a las partidas destinadas al Área de Fiestas, así como las referidas a gastos en Publicidad y Propaganda, tanto a la hora de definir las bolsas de créditos como estableciendo la competencia del Pleno para la aprobación de transferencias de créditos relativas a dichas partidas presupuestarias. Y que la tramitación de esta modificación del Presupuesto para 2013 debe ajustarse a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la normativa que la desarrolla.

XTF dice que el Gobierno local tiene que buscar ya una solución a las ludotecas

Hay un compromiso plenario para solucionar la situación de las trabajadoras, que dieron la cara en el peor de los momentos y han tenido que manifestarse después de 7 meses sin cobrar

El Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna considera que el Gobierno local (CC-PSOE) debe asumir como uno de los propósitos de año nuevo buscar una solución inmediata a la situación en que se encuentran las ludotecarias que trabajaban en Los Baldíos, Los Andenes, Finca España y El Rocío; y a las más de 200 familias que necesitándolo siguen sin poder disfrutar de este servicio.

Nacho Viciana, concejal de XTF, señala que de la misma manera que el servicio de pisos tutelados será licitado por Servicios Sociales obligando a la empresa adjudicataria a subrogarse a los trabajadores que hasta la fecha venían prestando sus servicios para Muvisa (que era la empresa encargada de la gestión de los mismos); es necesario que el servicio de las ludotecas se adjudique cuanto antes con la condición de que las trabajadoras que así lo deseen puedan incorporarse como personal de la nueva empresa que logre hacerse con el mismo.

El concejal de XTF añadió que esto no es sólo una propuesta de su Grupo, sino que en este mismo sentido, y por unanimidad, se adoptó un acuerdo plenario, por lo que ahora el Gobierno municipal no puede mirar para otro lado y desentenderse de la situación en la que se encuentran estas mujeres, que dieron la cara para mantener abiertas y en funcionamiento las ludotecas, y en el último Pleno tuvieron que manifestarse porque llevaban más de 7 meses sin cobrar.

Viciana añade que no hay justificación posible para la pésima gestión de CC y PSOE en este asunto, pues no se trata de algo nuevo, sino que desde el mes de agosto de 2011, hace ya casi un año y medio, les avisamos de los problemas que existían y de la necesidad de ponerles remedio.

Las ludotecas llevaban más de nueve años funcionando, en horario de mañana y tarde, adaptándose en cada época del año a las vacaciones de los niños de entre 4 y 14 años, y ofreciendo un servicio esencial sobre todo para las familias que menos recursos económicos tienen.

Muchos padres y madres podían compatibilizar la vida familiar y laboral con la tranquilidad de tener a sus hijos e hijas bien atendidos, aprendiendo a través del juego y en un espacio seguro y adecuado, y están dispuestos incluso a pagar por un servicio que ha dejado de ser gratuito debido a que la situación económica del Ayuntamiento lo ha obligado a integrarse en el Plan de Ajuste diseñado por el Gobierno del Estado y pagar más de 50 millones de euros en viejas facturas a proveedores, muchas de las cuales tienen que ver con gastos superfluos.

Es verdad que estamos viviendo un momento económico muy complicado, pero lo que no se puede hacer es tratar de afrontarlo recortando servicios sociales que son fundamentales para quienes menos posibilidades tienen.